Puebla, Pue.- El titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte, Omar Álvarez Arronte, reiteró categóricamente que no se incrementará la tarifa del pasaje durante lo que resta de la administración estatal porque existe una deuda significativa en materia de transporte público hacia los ciudadanos.

Durante su comparecencia ante los diputados locales, adelantó que el gobierno estatal dejará un estudio técnico para que la próxima administración evalúe la viabilidad de un aumento, como lo han solicitado los concesionarios.

Luego de la manifestación de transportistas realizada este lunes en la capital poblana, el funcionario insistió en que la postura del gobierno encabezado por Sergio Salomón Céspedes es no autorizar un incremento en la tarifa, argumentando que el costo actual de 8.50 pesos está dentro del promedio de la Megalópolis.

“La posición del gobierno del estado es clara: no autorizar ningún incremento porque no se justifica. Estamos dentro de la media de la Megalópolis y, además, tenemos una gran deuda con los ciudadanos”, puntualizó.

Álvarez Arronte señaló que los transportistas no están en condiciones de exigir un aumento, ya que el servicio es responsabilidad del gobierno estatal. “Los transportistas ofrecen un servicio que corresponde al gobierno. En lugar de presionarnos, debemos trabajar juntos para mejorar la calidad del servicio”, subrayó.

El funcionario añadió que será la administración entrante, liderada por Alejandro Armenta Mier, quien decidirá sobre un posible aumento. Indicó que actualmente se elabora un estudio técnico para entregar un proyecto avanzado que permita a la próxima administración tomar una decisión informada.

Respecto a la infraestructura del transporte colectivo, destacó que el estado enfrenta un rezago considerable, ya que más de 5,000 de las 17,000 unidades de transporte público están al límite de su vida útil. Situación similar ocurre con el transporte mercantil tipo taxi, donde el 64% de los 20,625 vehículos registrados son modelos Tsuru, equivalentes a 13,200 unidades, que deberán dejar de circular el próximo año.

Asimismo, informó que en el último año se han revocado 39 concesiones de transporte público y cancelado 18 permisos por irregularidades, como antigüedad superior a 10 años, falta de pólizas de seguro y documentación falsa. También se suspendieron tres concesiones involucradas en accidentes viales, cumpliendo con la reparación del daño, y 72 unidades fueron remitidas al corralón por violaciones como invasión de ruta o falta de documentación.

En términos de seguridad, mencionó que se registraron 197 incidentes relacionados con transporte público y mercantil, incluidos casos de acoso sexual, maltrato al usuario y siniestros viales, lo que representó una disminución respecto a los 428 casos del año anterior.

Finalmente, Álvarez Arronte reconoció que el transporte colectivo no es accesible para personas con discapacidad, debido a la ausencia de infraestructura adecuada, como accesos a nivel de piso. Sin embargo, justificó que esta problemática no es exclusiva de Puebla, sino un desafío a nivel nacional.

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