El pato le tira a las escopetas: Alcántara quiere ser redentor de políticos violentadores
Un hecho que causa mucho ruido y sorpresa es que este martes en la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso local se aprobó una reforma en materia electoral que, de con acuerdo a la versión oficial, es para dar certeza jurídica en temas de violencia política de género. Lo que desconcierta y se cuestiona es que el autor del proyecto es el diputado del PAN, Eduardo Alcántara Montiel, quien tiene en su contra una sentencia que lo ubica como un personaje que cometió violencia contra una aspirante a candidata a edil de San Pedro Cholula, en el proceso de renovación de ese gobierno local en 2021.
Independientemente de cuál sea el alcance jurídico de esa reforma al artículo 359 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Puebla, la pregunta fundamental es:
¿Es ético que un personaje que tiene una sentencia por hostigamiento sexual y amenazas se ponga a legislar sobre un cambio a la norma electoral que puede modificar los asuntos relacionados con violencia política de género?
La participación de Eduardo Alcántara exhibe, una vez más, la falta de pudor de la clase política poblana, que ve como normal que alguien con antecedente de violentador siga legislando y sobre todo, en un tema del que debería estar vetado. Es una muestra clara de la falta de ética en el quehacer público de Puebla.
Alcántara Montiel recibió en fallo adverso de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el pasado 30 de marzo, en donde se estableció que es responsable de hostigamiento sexual y amenazas contra Erika de la Vega, quien denunció el panista, en su calidad de dirigente del PAN en el año de 2021, por haberle supuestamente exigido tener relaciones sexuales con él o pagarle más de un millón de pesos como condición para permitirle ser candidata a presidente municipal de San Pedro Cholula.
Esa sentencia fue ratificada el 27 de abril de este año por la Sala Superior del TEPJF que, entre otros aspectos, sancionó al legislador del PAN con la imposibilidad de ser candidato a un cargo de elección popular en los comicios de los años 2024 y 2027.
Precisamente las reacciones que han surgido en redes sociales advierten que con la reforma legislativa en cuestión, propuesta por Alcántara, se estaría buscando eliminar la restricciones de participar en procesos electorales a políticos violentos.
La usuaria Inka escribió en redes sociales: “De aprobarse la Ley Alcántara que permite a los violentadores buscar un cargo de elección popular, se conformaría un pacto patriarcal en el Congreso… la iniciativa aprobada en comisiones revictimiza a mujeres que han sufrido violencia política de género; es un retroceso a la lucha feminista”.
Erika de la Vega, la aspirante a candidata que denunció a Alcántara, escribió en sus sitios de internet:
“Amanece Puebla con una noticia de consternación para quienes hemos sufrido violencia y agresión por parte de personajes políticos”.
Alcántara se ha defendido diciendo que la reforma no beneficia a los políticos que tienen fallos judiciales por violencia política de género, ni mucho menos es una treta para dejarlo a él ser candidato en los comicios del año entrante.
La reflexión final es que, por ética, por aseo político, por congruencia, por sentido común, Eduardo Alcántara no tenía que estar legislando en estos temas.
Pero, así como van las cosas, un día –con todo el cinismo del mundo— no nos debe sorprender que pongan a legislar a los siguientes personajes:
Al “gober precioso”, es decir el exgobernador Mario Marín Torres, en materia de combate a la pornografía infantil y protección de periodistas.
A Eukid Castañón Herrera, el operador electoral del morenovallismo, en temas de defensa de derechos humanos.
A Alfredo Arango, el exsecretario de Salud que estuvo en la cárcel por corrupto, en transparencia de los servicios de salud de Puebla.
A Ardelio Vargas Fosado, el cacique de Xicotepec de Juárez y exjefe policiaco siniestro, en defensa de los derechos de migrantes y de movimientos populares.
clh
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