Los servicios de inteligencia en el país, incluso los de Puebla, sirvieron de directorios regionales de quiénes y dónde operaba la competencia para ceder plazas al Cártel de Sinaloa.
Ese fue el más grave daño que se le hizo a México, durante el funesto paso de Genaro García Luna, primero como director de la Agencia Federal de Investigaciones con Vicente Fox y, posteriormente, de Secretario de Seguridad Pública con Felipe Calderón Hinojosa.
Ambos sexenios de extracción panista. Punto.
De ahí que con el veredicto de García Luna se va a destapar la cloaca, aún peor, si es que habla para reducir su condena en Estados Unidos.
Toda acción para poner al servicio del narcotráfico a los órganos de inteligencia ocurrió fundamentalmente, entre 2007 y 2010, época en la gobernaba el país Felipe Calderón; y Puebla, Mario Marín Torres.
Nada más hay que checar quiénes eran los jefes policiacos, federales y estatales, para sacar conclusiones.
Durante años se ponían a los agentes a recabar información sólida: fotos, audios, identificación de líderes de autos robados, armas, drogas, y todo ¿para qué?
Para que llegaran personajes del Cártel del Chapo Guzmán a apoderarse de la zona.
El modus era simple: ya identificado el líder local y su círculo cercano, fueron secuestrados y obligados a “cooperar” con el cártel o eran eliminados.
Desde 2006 empezaron las carnicerías, aunque fue en 2007 cuando comenzó lo verdaderamente cruento.
En el Cisen se llevaba conteo diario de muertos y desaparecidos en todo el país.
A febrero del 2012, en la recta final del calderonismo, la cuenta ya iba en más de 300 mil personas, entre militares, policías, malandros y población civil.
Pero en los medios no salía ni el 20 por ciento.
Y de los pocos casos que se sabían, la estrategia sistemática del gobierno federal fue criminalizar a las víctimas.
Así se fue pudriendo este país.