Municipios Puebla

Sin duda la iniciativa de reforma constitucional en materia democrática que ayer mandó al Congreso de la Unión el presidente Andrés Manuel López Obrador es un auténtico maremoto político, porque sacude al sistema electoral y plantea eliminar los intereses y practicas viciadas que han impedido que en México haya comicios libres y transparentes. Y por esas mismas razones, desde ahora, se percibe que dicho proyecto no pasará y tendría el mismo destino que la reforma eléctrica.

De los 12 cambios fundamentales que se plantean en la iniciativa, cuatro son los más relevantes en orden de importancia: el suprimir el financiamiento para actividades ordinarias de los partidos político y reducir la entrega de prerrogativas sólo para campañas proselitistas; eliminar las diputaciones y senadurías plurinominales; establecer la selección de los consejeros y magistrados electorales por el voto popular; así como suprimir los órganos electorales en los estados y reducir a la mitad el costo de los comicios.

Hay dos poderosos obstáculos que, desde ahora, se percibe que van a frenar esa reforma:

Primero: la fuerte resistencia que habrá de las burocracias partidistas que se mantienen vigentes por el financiamiento público a las fuerzas políticas y que principalmente se ejerce en temporadas no electorales. Ese dinero ha sido fuente de enriquecimiento ilegal de quienes controlan los partidos políticos.

Segundo: porque la reforma requiere de una mayoría calificada que, en el caso de la Cámara de Diputados, significa 333 votos, de los cuales Morena y sus aliados solamente tienen alrededor de 275, sin muchas posibilidades de arrancar apoyos del PRI, el PAN y el PRD, junto con Movimiento Ciudadano, que se han convertido –por primera vez– en un bloque compacto para intentar en el ámbito legislativo frenar el cambio propuesto por la 4T.

Para entender lo anterior: la mayor parte de las propuestas que contiene la iniciativa –a excepción de los temas de eliminar el financiamiento ordinario a los partidos–, como son reducir el descomunal costo de los procesos electorales, crear un solo organismo y código electoral, así como cortar los plurinominales, son planteamientos añejos y que se han discutido desde hace más de una década, pero nadie se había atrevido a colocar en un proyecto de reforma constitucional porque se tocan los intereses centrales de las burocracias partidistas.

Simplemente los partidos políticos, de siempre, han frenado todo intento de eliminar los abusos que se cometen con el financiamiento público del sistema electoral, que ha sido el lubricante para hacer funcionar los engranajes de los grupos de interés.

Solo hay que hacer la siguiente observación en Puebla:

En el PRI, entre la década de los años 50 y los 70, dominó la corriente creada por el extinto ex gobernador Maximino Ávila Camacho. En los años 80 y entrados los 90, hubo un cambio y se impuso el grupo político del ex mandatario Guillermo Jiménez Morales.

Cuando Manuel Bartlett Díaz llegó a Puebla como titular del Poder Ejecutivo, hubo una renovación de las facciones priistas, pero las mismas desde esa época y hasta la fecha son las que siguen manejando al tricolor, sin dar posibilidad a un relevo generacional o ceder el control del tricolor.

Los dos priistas que hoy en día manejan los hilos del PRI poblano vieron el nacimiento de sus carreras en el periodo de Bartlett –hace ya tres décadas– y se mantienen inamovibles, que son los casos de Jorge Estefan Chidiac y Blanca Alcalá Ruiz.

Lo mismo pasa con el PAN poblano, al partido lo domina una veintena de familias yunquistas y de empresarios. En los años 90, sacaron del partido a los panistas llamados “doctrinarios” que pertenecían a las corrientes fundadoras del albiazul.

Las familias yunquistas se han dividido, confrontado, pero no dejan para nada el mando del PAN. Solamente durante el periodo morenovallista fueron excluidas de los principales cargos de gobierno, del Congreso y el Comité Directivo Estatal del albiazul. Pero a la muerte de Rafael Moreno Valle Rosas y sobre todo con el triunfo electoral del edil capitalino Eduardo Rivera Pérez –el año pasado–, esas mismas facciones han retomado el control de casi todo el universo panista de Puebla.

Todos esos grupos de interés, por lo menos en las últimas dos décadas y media, se han alimentado del financiamiento a los partidos políticos.

Queda claro que dichas elites buscan ganar el poder político, en gobiernos o en partidos políticos, persiguiendo fundamentalmente controlar el financiamiento público para favorecer sus beneficios privados.

Por el bien de la democracia de México, debería ser aprobada la reforma lopezobradorista, pero a la oposición lo que menos le interesa es el fortalecimiento de las libertades en el país.

Corrección sobre viaje a Europa de edil de la Sierra Norte

En la columna de ayer se narró que los alcaldes priistas de Zacatlán y Chignahuapan, José Luis Márquez Martínez y Lorenzo Rivera Nava, respectivamente, realizaron de manera conjunta un reciente viaje a Barcelona, España, para participar en la Primera Feria Internacional de Pueblos Mágicos.

Más adelante se señaló que José Luis Márquez ya era el segundo viaje que realizaba a Europa como alcalde, pues había estado en el Vaticano para promover las artesanías poblanas. Este último dato es totalmente incorrecto –atribuible a un yerro de este tecleador–, pues quien estuvo en el periplo a la Santa Sede fue Lorenzo Rivera Nava.