Lástima que la consulta de revocación de mandato fue objeto más de denuestos que de análisis prácticos sobre la democracia participativa.
Tampoco puede considerarse un capricho presidencial, sino como el ejercicio de un deber cívico, por vez primera.
En sí, el proceso de revocación de mandato nos deja algo en claro: lo que jamás debe volver a permitirse que se repita en una consulta ciudadana.
Para empezar en su realización todos los poderes intervinieron, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, amén de la autoridad electoral, el Tribunal Federal del Poder Judicial de la Federación y el INE.
El problema es que nadie cumplió su responsabilidad. El presidente Andrés Manuel López Obrador metió más que las manos, todo la estructura del poder para promover su causa.
La Suprema Corte de Justicia se empelotó con la pregunta que acabó en preguntas, mientras los legisladores aprobaron una norma que sobre la marcha tuvieron que echarla abajo.
El Trife se la pasó en el endoso de planas al INE sobre su desidia para llevar a cabo la consulta de revocación de mandato. El árbitro electoral dejó de serlo para convertirse en el contendiente de la Cuarta Transformación.
Por eso digo que esta consulta de revocación sí representa un triunfo porque permitió exhibir a todos y saber lo que nunca más debe repetirse en futuros procesos.
El deber ciudadano de acudir a las urnas, más allá de las filias y fobias, es más que urgente para hacer una realidad la democracia participativa.
Se dice fácil, pero no se vota por López Obrador y lo que representa, sino por saber el poder que tiene nuestro voto, no sólo para poner, sino quitar autoridades.
No más, no menos.
