La Secretaría General de Gobierno (SGG) confirmó que pobladores le exigieron inicialmente 10 millones de pesos, aunque trascendió que finalmente solo pagó cinco.
El Ejecutivo invitó a la población a participar como contralores ciudadanos, con el objetivo de que vigilen la correcta ejecución y aplicación de los recursos.
La gente decidió hacer justicia por su cuenta en Chichiquila, San Nicolás de los Ranchos y Quimixtlán, tras asegurar que viven problemas de inseguridad desde hace varias semanas.
