En Los miserables, Víctor Hugo describe un mundo en donde la corrupción y la desigualdad son los cimientos de un sistema que oprime a las personas más vulnerables. Su protagonista, Jean Valjean, lucha contra leyes injustas, pero también contra la indiferencia de un régimen que parece estar diseñado para castigar la pobreza en lugar de remediarla.
Este retrato de una sociedad desgarrada por la injusticia nos sirve muy bien para ilustrar cómo, en México, décadas de impunidad fueron capaces de erosionar la confianza en las instituciones, permitiendo que el crimen y la corrupción se enquistaran tanto en los palacios de gobierno como en las plazas municipales.
En nuestro país, los estragos de más de tres décadas de gobiernos neoliberales dejaron cicatrices profundas. Este periodo, marcado por una lógica de saqueo y privatización, fomentó redes de corrupción que prosperaron sin freno en todos los niveles.
El caso de Genaro García Luna (preso en los Estados Unidos, condenado por narcotráfico) es la punta más visible de un iceberg que simboliza el pacto entre las instituciones públicas y el crimen organizado. Durante todos esos años, los municipios, las células más cercanas al pueblo, fueron abandonados a su suerte, convirtiéndose en terreno fértil para los grupos delincuenciales.
En 2018, el triunfo de Andrés Manuel López Obrador y el inicio de la Cuarta Transformación representaron un punto de inflexión en esta narrativa, al comenzar una lucha frontal contra la corrupción y la pacificación del país, atacando las causas estructurales de la violencia.
Hoy, la presidenta Claudia Sheinbaum continúa esa lucha con determinación, y su Estrategia Nacional de Seguridad, que incluye el fortalecimiento institucional, la ampliación de los programas sociales, la participación ciudadana y el uso de inteligencia, comenzó a dar resultados contundentes.
El operativo Enjambre, que se realizó en el Estado de México (Edomex), es un ejemplo claro de esta nueva etapa en la construcción de la paz. Gracias a la coordinación y el esfuerzo conjunto de la Fiscalía General de la República y la del Edomex, y las secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana, de la Defensa Nacional y de Marina, se logró la detención de siete servidores públicos presuntamente involucrados en actividades criminales.
Con un despliegue de 1,500 elementos y como resultado de meses de investigaciones dirigidas por el Centro Nacional de Inteligencia, el operativo marcó un precedente en la desarticulación de redes de corrupción e impunidad que habían convertido a varios municipios de aquel estado en bastiones del crimen organizado.
Las detenciones incluyeron al jefe de región de la Dirección de Seguridad de Ixtapaluca, al director operativo de Seguridad y Prevención Ciudadana del mismo municipio, al director del DIF municipal de Tonatico (esposo de la alcaldesa) y a la presidenta municipal de Amanalco.
Asimismo, en Texcaltitlán, el director de Seguridad Ciudadana se quitó la vida al momento de ser aprehendido. Este acto simboliza la profundidad del problema, pues, muchas veces, quienes deberían proteger al pueblo terminan siendo aliados de intereses criminales.
Esas aprehensiones son un recordatorio de la vulnerabilidad de los Gobiernos locales, algunos de ellos cooptados por intereses ilícitos que perturban la paz y el bienestar de los pueblos.
El impacto trasciende al Edomex y envía un mensaje contundente: México se está transformando y no hay lugar para la impunidad. Cada funcionaria o funcionario —sea cual sea su rango— que actúe en complicidad con el crimen organizado tendrá que enfrentar las consecuencias.
También existe una verdad incómoda: los municipios fueron abandonados a su suerte durante décadas. Las estructuras débiles de gobernanza, la falta de recursos para seguridad y el aislamiento institucional convirtieron a muchos de ellos en blancos fáciles para las redes criminales.
La efectividad de Enjambre y la Estrategia Nacional de Seguridad demuestran que la coordinación institucional y el uso de la inteligencia para planificar intervenciones exitosas en dichas redes seguirán siendo una característica de la construcción de la paz en el Segundo Piso de la 4T.
Ahora, cada municipio deberá interpretar este operativo como un llamado de atención. Los Gobiernos locales ya no pueden anteponer la falta de recursos o el abandono histórico como excusa, porque la corrupción y la impunidad no serán toleradas.
La construcción de un México más justo e igualitario exige desmantelar definitivamente las viejas prácticas que predominaron durante el periodo neoliberal, con acciones bien planeadas, ejecutadas con inteligencia y apegadas a la legalidad. La justicia y el estado de Derecho deben ser los pilares sobre los cuales edifiquemos un futuro en el que las cicatrices del pasado cedan ante un presente de paz duradera y prosperidad compartida.
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El doctor en Derecho, Ricardo Monreal Ávila, nació el 19 de septiembre de 1960 en Plateros, Zacatecas, en el seno de una familia de catorce hijos.
Estudió Derecho en la Universidad Autónoma de Zacatecas y luego cursó estudios de maestría y doctorado en Derecho Constitucional y Administrativo en la Universidad Nacional Autónoma de México.
En 1975 comienza su trayectoria política militando en las filas del Partido Revolucionario Institucional (PRI), allí ocupó varios cargos: fue coordinador nacional de la Defensa Jurídica del Voto en la Secretaría de elecciones de la dirigencia nacional; presidió el Comité Directivo Estatal de Zacatecas y, posteriormente, fue secretario de Acción Política de la Confederación Nacional Campesina. En éste periodo de militancia participó en el Congreso de la Unión, fue diputado federal dos veces (1988-1991 y 1997-1998) y llegó al puesto de senador (1991-1997).
En 1998, Monreal Ávila abandona al PRI para unirse a las filas del PRD y contender, ese mismo año, a la gobernación del estado de Zacatecas.
Fue diputado federal en tres periodos: de 1988 a 1991 y de 1997 a 1998 por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), y entre 2012 y 2015 por Movimiento Ciudadano y por el Movimiento Regeneración Nacional (Morena).
Cumplió labores como senador en dos periodos, de 1991 a 1997 y de 2006 a 2012 por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el Partido del Trabajo (PT).
Ahora por tercera ocasión es Senador de la República y coordinador de la fracción parlamentaria de Morena.
