Municipios Puebla

La LXI Legislatura local que está concluyendo sus labores fue totalmente permisiva frente a los abusos que se cometen en Puebla en torno a los servicios de agua potable, de drenaje y de saneamiento. Una prueba de ello es que permitió que se adquiriera –desde el año 2023– una deuda pública de 58 millones de pesos en el tercero de estos rubros, sin que fuera autorizada por los diputados del Congreso del estado, que es la instancia facultada para aprobar todo tipo de empréstitos en los organismos descentralizados del Poder Ejecutivo.

La deuda fue adquirida por la empresa Acuapue en torno a una planta tratadora de aguas residuales que, en el año 2004, fue construida por el controvertido empresario Kamel Nacif Borge, mejor conocido con el mote de “el rey de la mezclilla” y que fue el causante del escándalo del encarcelamiento ilegal de la periodista Lydia Cacho Ribeiro –en diciembre de 2005—, que acabó con la carrera política del entonces gobernador Mario Marín Torres y que el PRI iniciara su desplome electoral.

La Jornada de Oriente dio a conocer a finales de agosto que, el día 23 de ese mes, había ingresado al Congreso del estado una solicitud que presentó el Organismo Operador de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla (SOAPAP) para otorgar un par de beneficios a la empresa Acuapue, que administra la planta tratadora que fue de Kamel Nacif.

Desde el año 2010, la planta dejó de ser de Kamel Nacif y la empezó a manejar Acuapue.
Actualmente brinda servicios de saneamiento a los parques industriales Puebla 2000, Chachapa y La Resurrección.

La solicitud que llegó al Congreso abarcaba un par de aspectos: que se amplíe 10 años más la concesión a favor Acuapue para seguir operando la planta en cuestión y que se le autorice una inversión de 58 millones de pesos, que se obtendrían mediante un endeudamiento –del que se hace responsable el SOAPAP–, que acabaría de ser amortizado hasta el ejercicio fiscal del año 2040.

En un primer momento, en las páginas de La Jornada de Oriente, se cuestionó que ese movimiento implicaba incrementar en 50 por ciento la deuda pública que enfrenta el Soapap por la operación de dicha planta, pues actualmente el pasivo de dicha obra es 118 millones de pesos y con la solicitud de un nuevo empréstito que se planteó al Poder Legislativo, se incrementaría a 176 millones de pesos la cantidad que se debe a la banca.

Hasta hace unos días, la última información que se tenía sobre este asunto es que estaba siendo objeto de revisión por diputados locales, que no lo habían aprobado en un primer momento porque el expediente que presentó Acuapue por medio del Soapap, que dirige Gustavo Gaytán Alcaraz, se encontraba incompleto.

Ahora ha trascendido que, hace unos días, en la última sesión de la Comisión de Hacienda de la LXI Legislatura local, que ya concluyó su labor de tres años, se informó que Gustavo Gaytán decidió retirar la solicitud que se ha mencionado en esta columna.

Tal decisión no se puede ver como un mero trámite, sino como una muestra de los graves abusos que se cometen en Puebla en torno al servicio de agua potable, el manejo del drenaje y el deficiente proceso de saneamiento de aguas residuales.

Es un hecho grave que el SOAPAP retirara ese pliego petitorio, por dos razones:

Primera: trascendió que al analizarse la solicitud que llegó al Poder Legislativo el pasado 23 de agosto, en donde se pide ampliar 10 años la concesión del manejo de la planta tratadora de aguas residuales y autorizar un crédito de 58 millones de pesos, los diputados que les tocó ventilar este asunto consideraron pertinente tener una reunión con los directivos de Acuapue.

Y frente a esa petición se toparon con la negativa de los representantes de la empresa de comparecer ante el Congreso del estado, según narró una fuente bien informada del ámbito legislativo.

El Congreso local no tiene facultades para citar a un particular, pero si lo puede hacer a través de un organismo público descentralizado. Por eso se le pidió al SOAPAP que convocara a los directivos de Acuapue para comparecer ante la Comisión de Hacienda del Poder Legislativo y resulta que, los responsables de esa compañía rechazaron el emplazamiento.

Una situación grave porque Acuapue está haciendo negocios con una obra de infraestructura pública y una concesión de saneamiento, por lo cual está obligada a rendir cuentas.

Segunda: de acuerdo con la petición que Acuapue hizo al Congreso, se desprende que el crédito de 58 millones de pesos que utilizaría para mejorar el funcionamiento de la planta tratadora, ya se lo autorizó el SOAPAP desde el año 2023.

Y entonces surge una pregunta básica: ¿En qué momento el Congreso le autorizó al SOAPAP adquirir ese empréstito? Pues resulta –hasta donde se sabe— es que nunca habría existido ese permiso.

Lo que plantea una conclusión: las empresas que en Puebla están involucradas con el agua potable, el drenaje y el saneamiento hacen lo que quieren. Con absoluta impunidad.

Mientras que el Congreso y el SOAPAP queden siempre como “convidados de piedra”, que no mueven “ni un pelo” para poner en orden a las compañías que abusan con los servicios hídricos.