Entre miércoles 4 y jueves 5, cuatro personas fueron víctimas de linchamiento en dos eventos diferentes, pero en la misma zona.
Se trató de casos de los que aún no hay registro debido a la lejanía de las zonas urbanas y por la proximidad del fin de semana que terminó el domingo 8.
Cuatro ataques tumultuarios que arrojaron al menos tres personas sin vida y una más, pendía de un hilo, dos personas más con lesiones graves -una adulta mayor y su nieta- atropelladas por una patrulla y un debate nacional por una reforma que busca poner a la altura de esas urgencias a juzgadores, magistrados y ministros.
Fue en tramos entre Tepeaca y Tecamachalco en el que se registraron ambos casos y que demuestran que la ausencia de la aplicación de la ley enardece comunidades enteras, dispuestas a ejercer tribunales de facto para castigar a infractores, según se vea.
En el primer caso se trató de una comunidad cercana a San Hipólito, en donde un menor de edad fue raptado por un grupo delictivo que pretendía un cobro de piso de 30 mil pesos en una tortillería del lugar.
El niño convertido en rehén fue recuperado y los secuestradores fueron bajados por la fuerza del vehículo en el que huían, cuando quedaron atorados en el tráfico generado por el cierre de uno de los carriles del bulevar por el que circulaban.
Los dos hombres fueron tundidos a golpes por una masa amorfa, decidida a castigar con sus propias manos a los probables infractores hasta que uno de ellos murió; el otro fue rescatado por la policía municipal que, en su salida de la escena, terminó por arrollar a una abuela y su nieta.
Todo mal pues la patrulla fue siniestrada, los oficiales a salvo fueron auxiliados y el presunto secuestrador llevado a un hospital de la capital.
Una mañana después en un camino vecinal un par de asaltantes a bordo de una motocicleta intentaron cometer un asalto que se salió de control.
Ambos tripulantes se les cerró el paso y fueron muertos por un grupo de usuarios del camino terroso, hartos de la inseguridad en la zona y cansados de que fiscalías, policías municipales y juzgados protagonicen un deficiente sistema en la aplicación de la ley.
No hubo policía ni representante alguno de los gobiernos locales cuando los cuerpos fueron abandonados humeantes, luego de haber sido parcialmente incinerados sin piedad.
Los cuatro linchados en la zona rural de esa región de Puebla es sinónimo de un estado general de hartazgo por un clima de impunidad que favorece a grupos delincuenciales, la omisión de quienes previenen delitos y por quienes castigan a los infractores.
Y como en otros últimos eventos en todos el país, símbolo del fin del Estado de Derecho que privilegia la convivencia armónica y civilizada entre quienes componen las sociedades.
Nadie hablará de las víctimas de los linchamientos del fin de la semana pasada, como tampoco nadie señalará a los cabecillas de haber alentado a Fuenteovejuna, el pueblo lleno de hastío y humillación de parte de los poderosos -criminales o gobiernos- hasta que se decidió poner un freno fatal y para siempre.
