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Hace un año y 5 meses, José Luis González Morales arrasó en la elección de la Sección 23 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), en mucho, porque prometió que en su gestión no habría represión ni abusos laborales. Cuando apenas transcurre una sexta parte de su mandato, ya olvidó sus promesas, tal como ha ocurrido con trabajadores de las oficinas centrales de la Secretaría de Educación Pública (SEP) que sufren una purga de sus propios representantes sindicales. Los afectados
cuando le pidieron ayuda al secretario general del SNTE 23, el líder gremial les dio la espalda, se negó a intervenir y los agredió verbalmente.

Resulta que, desde antes de iniciar el último periodo vacacional, a algunos trabajadores administrativos que laboran en la sede central de la SEP, de manera repentina y sin que se tenga un sustento jurídico, les han llegado notificaciones en donde los retiran abruptamente de sus puestos laborales y los ponen a disposición de la Dirección de Recursos Humanos de la dependencia gubernamental.

El procedimiento es el preámbulo para que los despidan o los manden a una plaza de menor categoría.

Antes del periodo de asueto les llegaron esa notificación a 5 trabajadores y la semana pasada, a otros 4. Los 9 afectados tienen entre 12 y hasta 36 años de antigüedad, es decir no son de ingresos recientes, sino son parte del personal más experimentado.

Se dice que se tiene una lista de entre 30 y 40 trabajadores que podrían tener la misma suerte en los próximos días.

Existe la intención, narran fuentes confiables, de hacer una purga en la SEP antes de que inicie el gobierno del próximo mandatario, Alejandro Armenta Mier.

Lo que resulta sorprendente es que es purga la están realizando dirigentes del SNTE 23, que se supone es la instancia que protege los derechos laborales de los trabajadores del sector educativo, pero al final queda en evidencia –algo que siempre se ha sabido– de que el sindicato es una mafia que solo defiende intereses económicos de los integrantes de la cúpula gremial.

¿Qué hay atrás de esta ola de despidos? Hay dos intenciones: hacer negocios y venganza política, a la vez.

Todo indica que se está removiendo a trabajadores de las oficinas centrales de la SEP para que esas plazas tentativamente se entreguen a familiares o a quien convenga a los intereses económicos de los dirigentes del SNTE 23.

Y al mismo tiempo, se está expulsando a los administrativos que no son del grupo político de José Luis González Morales, el secretario general del sindicato.

Fuentes del magisterio que conocen del conflicto narraron a este columnista que atrás de la purga se encuentran: Rosaría María Morales Miranda, quien es la secretaria de la delegación D-III-I del SNTE 23, que corresponde a la representación de los trabajadores administrativos de la SEP.

Y también aparece –de acuerdo con los informantes—Víctor Soto González, quien es el secretario de Trabajo y Conflictos del Personal de Apoyo y Asistencia a la Educación del SNTE 23.

Un tercer protagonista es José Martín Rodríguez Sánchez, quien es el titular del Departamento de Recursos Humanos de la SEP.

De acuerdo con la información recopilada se dice que es Rosa María Morales quien decide que trabajador es hostigado, cesado en su cargo y se le pone a disposición de Recursos Humanos de la SEP.

Para ello, es respaldada por Víctor Soto, uno de los “consentidos” del secretario general del SNTE 23, José Luis González, siendo una de las razones por lo cual se tolera los abusos cometidos contra los agremiados del sindicato.

Y a su vez, se tendría un contubernio de los dirigentes sindicales con Martín Rodríguez, el director de Recursos Humanos de la SEP, quien llegó a ese cargo en marzo del año pasado, que es la fecha en que José Luis González ganó la dirigencia del SNTE 23.

El procedimiento que se usa es que los afectados reciben una notificación, sin que se les de derecho de audiencia, en donde les dicen que como “no tienen carga de trabajo” ya no son necesarios sus servicios y los ponen a disposición de Recursos Humanos.

Les dan unos días para que encuentren acomodo en alguna otra área de la SEP o si son docentes, se les mande a una escuela alejada de la capital. Todo está diseñado para que los acaben rescindiendo.

Curiosamente uno de los administrativos que, hace unos días, le quitaron su puesto en la SEP cuando vio el contenido de la notificación lo primero que dijo: “Si tengo mil 730 trámites pendientes de primaria que resolver, de dónde sacan que no tengo carga de trabajo”.

Quien se encarga de entregar las notificaciones es el secretario privado del director de Recursos Humanos, que se llama Jesús Carmona –quien por cierto es sobrino del exsecretario de la SEP Darío Carmona–, quien no tiene facultades legales para hacerse cargo de trámites laborales de la Secretaría de Educación Pública. Lo mandan para que los reclamos de los damnificados por tales atropellos no tengan respuesta alguna.

Ni los oigo ni los veo, la respuesta de González Morales

Algunos de los trabajadores que han sido atropellados en sus derechos laborales, la semana pasada habrían logrado tener una audiencia con José Luis González Morales, quien hace un año y 5 meses ganó la secretaría general del SNTE 23, bajo la bandera de que representaba el ala democrática del sindicato.

El dirigente luego de escuchar a los quejosos, palabras más, palabras menos, les habría respondido: “Ustedes son personal administrativo y son los que maltratan a mis compañeros docentes”, para después anunciarles que no va a hacer nada por ellos.

Dicho de otra manera, el dirigente sindical se mostró excluyente y discriminatorio. Curiosamente es lo que prometió erradicar durante la campaña electoral interna del SNTE 23, a principios del año pasado.

Con esas actitudes, los maestros federalizados de Puebla deben preguntarse: ¿vale la pena pagar cuotas a un sindicato que no los defiende?

O mejor dicho, ¿vale la pena tener a un dirigente como José Luis González que no cumple con la básico: que es defender a sus representados?

 

clh