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De acuerdo con una investigación oficial –que data de hace dos años— se han podido detectar a más de 6 mil 700 estructuras o redes familiares que están incrustadas en el Poder Judicial de la Federación (PJF). El paro indefinido de los trabajadores del PFJ que, ayer inició en varios estados del país, entre ellos Puebla, es alentado por jueces de distrito y magistrados de circuito que están defendiendo el enorme mercado de tráfico de influencias en que han convertido al aparato de impartición de justicia, que lo usan como agencia de colocación de empleos a favor de parientes y parejas sentimentales.

Una prueba de lo anterior es que en Puebla se ha podido detectar que quien estaría atrás de la organización del paro de los más de 2 mil empleados del PJF, es un personaje llamado: José Manuel Brodeli Vélez Torres, quien tendría los siguientes antecedentes:

Se dice que este integrante del Poder Judicial de la Federación es hijo de un magistrado que ya está retirado.

Mientras que su madre todavía estaría activa como secretaria de un juzgado de distrito.

También se dice que José Manuel Brodeli Vélez Torres es “ahijado” de la exministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Margarita Luna Ramos, quien dejó el puesto el 19 de febrero de 2019.

Mientras que una hermana, de nombre Gabriela, estaría casada con un magistrado de circuito.

Y por si fuera poco, Vélez Torres habría laborado con Alejandro Luna Ramos, un controvertido magistrado y presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Luna Ramos cobró notoriedad porque fue de los magistrados que avalaron el fraude electoral de 2006, que permitió al panista Felipe Calderón Hinojosa llegar a la Presidencia de la República.

Posteriormente, en 2011, Luna Ramos ascendió a la presidencia del TEPJF y le tocó enfrentar el escándalo de que, faltando tres días para los comicios presidenciales de 2012, los magistrados electorales recibieron un bono de 488 mil 799 pesos.

Los togados argumentaron que era un beneficio económico “convencional”, mientras que la interpretación –en esa época— de Andrés Manuel López Obrador es que a Alejandro Luna lo pusieron en esa posición –aparte de repartir jugosos bonos a los demás magistrados– para garantizar que no prosperaran las impugnaciones en contra del entonces abanderado del PRI, Enrique Peña Nieto, quien finalmente ganó la titularidad del Poder Ejecutivo federal.

De ser ciertos los datos de José Manuel Brodeli Vélez Torres, se puede percibir como están constituidas las redes de familiares dentro del PJF.

Eso permite entender la fuerte resistencia que hay a la Reforma Judicial que ha propuesto el presidente Andrés Manuel López Obrador, porque quitar de sus cargos a los actuales ministros de la SCJN, los magistrados de circuito y los jueces de distrito, significa derrumbar las estructuras familiares que se han cimentado en las nóminas, en el presupuesto, del aparato de procuración de justicia.

Dicha situación es “un secreto a gritos” desde hace más de una década, en que se han armado árboles genealógicos que exponen como ministros, magistrados y jueces ponen a hijos, hermanos, primos, cuñados, tíos, cónyuges, así como concubinas o concubinos, amantes, y hasta empleados domésticos en cargos administrativos, así como en los puestos de funcionarios de los juzgados de distrito o en los circuitos judiciales.

Hace un par de años, por primera vez se emprendió una investigación oficial que desnudó el mercado de tráfico de influencias en el PJF. El proyecto lleva por nombre: Plan Integral de Combate al Nepotismo en el Consejo de la Judicatura Federal.

Los resultados son sorprendentes. El problema es más grave de lo que antes se describía de manera informal, por filtraciones a la prensa.

Según el último reporte oficial, que data de 2022, están detectadas 6 mil 755 estructuras o redes familiares en el PJF.

El 41 por ciento de ese tráfico de posiciones laborales han ocurrido en los nombramientos de cargos administrativos.

Mientras que el 57 por ciento ha acontecido en las estructuras de funcionarios que se encargan directamente de la impartición de justicia.

Hay un caso extremo en el estado de Hidalgo, en donde se detectó a 79 parientes –de una misma rama de familias— ocupando distintas plazas laborales en el Poder Judicial Federal.

Según un censo que se hizo en el PJF, se pudo determinar que los trabajadores que entraron por la ayuda de alguien “poderoso e influyente” en este poder público, el 24 por ciento se tratan de primos del benefactor, en el 21 por ciento de hermanos, 12 por ciento de sobrinos, 10 por ciento de cuñados, 9 por ciento de tíos, 9 por ciento de matrimonios, 6 por ciento de hijos, 4 por ciento de exesposo o exesposas, 3 por ciento de padres y 2 por ciento de primos de los cónyuges.

Por eso –seguramente– muchos ministros, jueces y magistrados han de hacer suya una de las frases celebres del extinto expresidente José López Portillo, que decía: “Viva el orgullo de mi nepotismo”.

clh