Era 2017 cuando al autor de la columna y dos colegas más de otros medios, recibimos la invitación para un desayuno en el domicilio particular del ahora candidato al Gobierno de Puebla por el PAN-PRI-PRD-PSI, Eduardo Rivera Pérez, y de su esposa, hoy candidata a diputada federal plurinominal, Liliana Ortiz.
Se trató de un encuentro privado que no estuvo ajeno a la coyuntura política de aquel tiempo, con una figura dominante, la del difunto Rafael Moreno Valle. Rivera Pérez y su familia, como los convidados al encuentro mañanero aquel éramos víctimas de acoso y persecución.
Corrían tiempos difíciles en Puebla porque se vivía el estertor de un régimen verdaderamente dictatorial. El grupo del fallecido impedía por las buenas o por las malas, cualquier expresión o actuación disidente. Aunque Rivera Pérez había hecho mancuerna en la elección de 2010 con el ex gobernador, no escapaba a esa circunstancia.
Por definirse la candidatura a gobernador, ya perfilaban a la esposa de Moreno Valle como precandidata; en consecuencia, Eduardo Rivera era un estorbo por su crecimiento como posible competidor. Había que aniquilarlo, por vía aérea los medios afines al régimen comenzaron una campaña durísima y sin decoro alguno, que puso como blanco pasajes de la familia.
En paralelo, echaron a andar la maquinaria desde la Secretaría de Finanzas para embargar su casa -la misma que la noche de sábado habría sido escena de un intento de allanamiento- y desde la Auditoría Superior del Estado, todo tipo de animales de rapiña en la búsqueda de los despojos putrefactos de la gestión municipal.
Se trata de una propiedad de unos 300 metros cuadrados de dos plantas en un complejo residencial que dista mucho de los grandes desarrollos como La Vista o Lomas de Angelópolis. No se podría definir como una morada rodeada de lujos, sino más bien de clase media.
El acceso no se podría considerar de vulneración fácil porque posee un portón sólido sin asomo al exterior, una caseta que asemeja más un torreón medieval que dispone de vigilancia privada las 24 horas del día.
Si la memoria es fiel, existe un discreto dispositivo de seguridad alrededor de la vivienda del candidato a la gubernatura, incluso aun y cuando ya había dejado el gobierno de la ciudad, en manos de Antonio Gali, que luego fue gobernador por un breve periodo.
Nadie con un legítimo sentido de decencia podría echar campanas al vuelo por la hipotética vulneración del entorno de ningún habitante en asentamiento cualquiera. Y sin embargo ocurre en todo tipo de fraccionamientos privados como abundan en la zona metropolitana.
Cientos de familias y empresarios han padecido violentos asaltos en sus domicilios. Como muestra está el caso particular del propietario de un exitoso establecimiento especializado en platillos del mar que tuvo que dejar el estado luego de la intromisión de un grupo fuertemente armado para llevarse dinero y otros valores de la vivienda localizada en uno de estos desarrollos inmobiliarios.
No se debe desacreditar la acusación del candidato a gobernador por el PAN-PRI-PRD-PSI, pero tampoco se puede desdeñar la existencia de un contexto electoral. Cuando Rivera Pérez se victimiza fortalece su dialogo con los sectores que simpatizan con su partido y persona.
Cuando pide al presidente Andrés Manuel López Obrador -de visita en Puebla por la conmemoración de la Batalla de Puebla- y al gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina cumplir con obligaciones constitucionales para garantizar la paz, olvida una máxima: la inseguridad existente en la capital es resultado directo del Gobierno para el que protestó el cargo y dijo, cumpliría hasta el final que marca la Constitución.
@FerMaldonadoMX
