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Mientras Estados Unidos mantiene la solicitud a México para que despeje los albergues temporales y establecidos a lo largo de la franja fronteriza con el fin de aminorar no solo los riesgos de contagio en la pandemia sino para prevenir el acercamiento de bandas criminales que buscan reclutar migrantes en sus filas, decenas de organizaciones defensoras de derechos humanos piden el cese a las deportaciones masivas de indocumentados por parte de ambos gobiernos.

El Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano de manera conjunta con organizaciones que integran la Coordinación Transfronteriza Migraciones y Género y con la Procuraduría de Derechos Humanos de Guatemala, documentan permanentemente la llegada constante de vuelos provenientes desde Estados Unidos y que deportan a cientos de migrantes sin la posibilidad de que sea analizada su solicitud de asilo, para dejarlos varados en un país que no necesariamente es el suyo.

A través de un comunicado las organizaciones acusan que “las personas expulsadas fueron transportadas en su mayoría desde el aeropuerto de Tapachula en once autobuses del Instituto Nacional de Migración (INM), hacia Talismán, frontera con Guatemala, en donde fueron forzadas a salir de México y abandonadas en el puente fronterizo”. Vuelos que forman parte de la política migratoria ejecutada por el gobierno de Biden basándose en el Título 42, apoyada a su vez por el gobierno mexicano.

“Nos preocupa que las administraciones de Estados Unidos y México generen un proceso escalonado de expulsión inmediata, negando u omitiendo los derechos de las personas a acceder a mecanismos de regularización, o bien, violando las garantías de las personas que ya han iniciado procesos de protección internacional”.

Y mientras las organizaciones defensoras piden retirar la orden Título 42, el gobierno de Biden lucha para no tener que aplicar nuevamente el programa heredado de la administración Trump de “Permanecer en México” que dejó varados a más de 60 mil migrantes en la frontera norte con la esperanza de que su solicitud de refugio fuera escuchada. Y es que un juez de distrito ganó la demanda para que sea restituido este programa y los migrantes se vean obligados a esperar del lado mexicano mientras Estados Unidos analiza su solicitud de asilo.

Desafortunadamente la crisis humanitaria que se vive tanto en la frontera norte de México con Estados Unidos como en la sur con Guatemala se complica cada día, no solo por las condiciones de pobreza y creciente violencia en los países integrantes del denominado Triángulo Norte que obligan a sus habitantes a buscar en otros países oportunidades laborales y la libertad de vivir sin amenazas, sino por los desastres naturales que han azotado la región en los últimos meses.

Sin duda el gobierno de Joe Biden no se encuentra en el mejor de sus momentos y acumula varios obstáculos que le impiden el cumplimiento de sus promesas, entre ellas, ampliar el número de refugiados y disminuir los daños causados a la comunidad migrante durante la era Trump.

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