¿Expropiación o reordenamiento petrolero?

La iniciativa no propone extinguir la propiedad a ninguna compañía privada ni eliminar la participación de los privados en el mercado nacional.

El 26 de marzo de 2021, el presidente López Obrador envió al Congreso una iniciativa con proyecto de decreto que busca reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Hidrocarburos.

Más que expropiar, la iniciativa pretende reordenar bajo la rectoría del Estado —con los principios de la soberanía y la seguridad nacionales— un mercado de hidrocarburos que amenaza con el desabasto, el agotamiento y la anarquía en el insumo más importante para el crecimiento y el desarrollo económico del país.

La iniciativa no propone extinguir la propiedad a ninguna compañía privada, ni eliminar la participación de los privados en el mercado nacional, ni transferir al Estado la renta o utilidad de las empresas privadas que ya participan en el sector.

Simplemente no habrá nuevos permisos ni concesiones en el mercado petrolero nacional para la extracción, importación y distribución por parte de particulares de productos petrolíferos, respetando en todo momento los que se hayan entregado al amparo de la reforma energética de la administración federal anterior.

Dicho sea de paso, muchos de esos permisos son “bienes muertos” o están en “manos ociosas”, porque sus tenedores no los han puesto a producir. Es decir, no están cumpliendo con los fines para los que fueron originalmente expedidos. A estas fechas, según la propaganda oficial de aquellos años, la reforma energética que se pagó con sobornos y “moches” a legisladores, como los involucrados en el caso Odebrecht (por sí sola, ésta sería una causa poderosa para cancelarla), estaría abasteciendo gasolina barata y de buena calidad al consumo nacional. Pero nunca ha sido así.

Por el contrario, la privatización de facto que implicó aquella reforma se ha traducido en debilitamiento de las finanzas públicas, deterioro de los ingresos de Pemex, crecimiento del contrabando de hidrocarburos y fortalecimiento del crimen organizado asociado al mercado ilícito de éstos. Es decir, un tema de soberanía y seguridad nacionales por los cuatros costados.

En términos generales, las modificaciones están enfocadas a ordenar el sector a través de mayores controles en el otorgamiento de permisos, con base en los siguientes criterios:

1. Almacenamiento: se propone que las empresas que quieran contar con un permiso deberán tener instalada la capacidad de almacenamiento que determine la autoridad, conforme a las disposiciones jurídicas (Art. 51).

2. Negativa ficta para conceder permisos: se plantea reemplazar la afirmativa ficta por la negativa ficta, si las autoridades competentes después de 90 días no emiten una decisión sobre la cesión de un permiso.

3. Revocación de permisos: se modifica el artículo 56, para añadir como causante de revocación haber cometido el delito de contrabando.

4. Suspensión de instalaciones: se propone que la autoridad que expide el permiso pueda llevar a cabo la suspensión de las instalaciones, y se elimina la posibilidad de contratar a terceros para manejar y controlar las instalaciones ocupadas, intervenidas o suspendidas.

5. Suspensión de permisos: se agrega el artículo 59 bis, para proponer que tanto la Secretaría de Energía como la CRE puedan suspender, de manera temporal o definitiva, los permisos expedidosEsto, en oposición a lo que diversos medios han señalado, no es arbitrario, sino cuando exista peligro inminente para la seguridad nacional, la seguridad energética o para la economía del país.

En suma, se trata de reordenar, no de expropiar.

 

ricardomonreala@yahoo.com.mx

Twitter y Facebook: @RicardoMonrealA

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Ricardo Monreal

El doctor en Derecho, Ricardo Monreal Ávila, nació el 19 de septiembre de 1960 en Plateros, Zacatecas, en el seno de una familia de catorce hijos.

Estudió Derecho en la Universidad Autónoma de Zacatecas y luego cursó estudios de maestría y doctorado en Derecho Constitucional y Administrativo en la Universidad Nacional Autónoma de México.

En 1975 comienza su trayectoria política militando en las filas del Partido Revolucionario Institucional (PRI), allí ocupó varios cargos: fue coordinador nacional de la Defensa Jurídica del Voto en la Secretaría de elecciones de la dirigencia nacional; presidió el Comité Directivo Estatal de Zacatecas y, posteriormente, fue secretario de Acción Política de la Confederación Nacional Campesina. En éste periodo de militancia participó en el Congreso de la Unión, fue diputado federal dos veces (1988-1991 y 1997-1998) y llegó al puesto de senador (1991-1997).

En 1998, Monreal Ávila abandona al PRI para unirse a las filas del PRD y contender, ese mismo año, a la gobernación del estado de Zacatecas.

Fue diputado federal en tres periodos: de 1988 a 1991 y de 1997 a 1998 por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), y entre 2012 y 2015 por Movimiento Ciudadano y por el Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

Cumplió labores como senador en dos periodos, de 1991 a 1997 y de 2006 a 2012 por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el  Partido del Trabajo (PT).

Ahora por tercera ocasión es Senador de la República y coordinador de la fracción parlamentaria de Morena.