De despidos, contagios y cosas peores

En varias dependencias y entidades del gobierno del estado es creciente el malestar por los despidos que se vienen dando desde finales del año pasado y en los primeros 45 días de 2021, así como por el no cumplimiento del decreto del propio gobernador Luis Miguel Barbosa con motivo de la contingencia sanitaria en las mismas oficinas de gobierno.

De entrada hay que mencionar que en varias secretarías se ha cancelado el home office, o reducido a su mínima expresión, y los empleados están siendo obligados a presentarse, sin importar si tienen más de 60 años o padecen alguna enfermedad que los ubique como población de alto riesgo en caso de contagiarse de Covid.

La inconformidad es muy evidente en dependencias como las secretarías de Administración, Infraestructura, Planeación y Finanzas y Seguridad Pública, donde las jornadas laborales rebasan por mucho las 8 horas diarias o las 40 horas a la semana, y en las que además de contagios colectivos se han presentado decesos como consecuencia del coronavirus.

Entre ellos el del ingeniero Zaid Bravo Hernández, Residente de Obra de la Dirección de Carreteras y Vialidades de la Secretaría de Infraestructura, quien falleció en enero tras ser obligado a trabajar no obstante haberse reportado enfermo.

De acuerdo con testimonios de burócratas de esta dependencia, cualquiera puede comprobar, con solo visitar los pisos 3 y 4 del Edificio Sur del CIS, que el decreto del gobernador es letra muerta, lo mismo que la circular UAF.III.2020/134, ya que se labora sin sana distancia, hasta altas horas de la noche e incluso en la madrugada y con oficinas donde el número de empleados por oficina no es de 4 sino hasta de 18 personas.

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Otra entidad donde también hay mucha molestia es el Instituto Poblano del Deporte, donde han sido despedidos hasta 63 empleados entre diciembre de 2020 y enero de 2021.

“Nos dijeron que fuéramos al Instituto a firmar contrato y la sorpresa fue que estábamos despedidos, que por la contingencia del Covid-19 no había recursos y que tenían instrucciones de recortar la nómina”.

Entre los despedidos, algunos con mas de ocho años, figuran José A. Carrasco Yanez, Jesús Díaz Montiel, Héctor Crisanto Salinas, Leticia Martínez Vázquez, Marco A. Vázquez Mendoza, María de Lourdes Vallejo Maravilla, Edgar Ángel Cortes Carreón y Maritere Morales Morales.

Los inconformes dicen que en contraste la directora del Instituto, Yadira Lira Navarro, ha inflado la nómina con familiares y amigos, quienes estarían cobrando entre 17 mil y 27 mil pesos, entre ellos Ameyalli Acosta Galeana, Anabel Sandría Blanco, Aseret Eliane Mena Aguilera, Valeria Cortés Aguilera y Juliette Torres Aguilera.

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