Más dudas sobre el helicopterazo que terminó con los Moreno Valle

¿Sabía usted que el capitán Marco Antonio Tavera Romero, quien piloteaba el helicóptero Agusta A109S Grand, matrícula XE-BON, en el que murió junto con la gobernadora Martha Erika Alonso, el senador Rafael Moreno Valle, el capitán Roberto Javier Coppe Obregón, y un asistente del ex gobernador de nombre Héctor Baltazar Mendoza, había renunciado días antes del fatal accidente, molesto por las fallas y deficiencias en el mantenimiento de esa aeronave propiedad de la empresa Servicios Aéreos del Altiplano (SAASA) SA de CV?

¿Que fue el propio titular de Dirección de Servicios Logísticos de Apoyo al Ejecutivo (DSLAE)Roberto Coppe, quien postergó los servicios de mantenimiento de ese helicóptero privado?

¿Qué el director de Operaciones de la empresa SAASA, capitán Alonso Díaz Vallejo, fue quien obligó a Marco Tavera a hacer los vuelos que el Agusta A109S Grand tenía contratados con personajes muy importantes, antes del accidente en que murieron los Moreno Valle?

¿Qué Alonso Díaz y Roberto Coppe eran socios en algunos negocios?

¿Sabía usted que el helicóptero Agusta A109 S bimotor, de color negro, matrícula XC-LMO, que fue adquirido durante el gobierno de Moreno Valle, era usado en la gestión de José Antonio Gali Fayad como aeronave para capacitar a pilotos del estado de Hidalgo, como a José M. Covarrubias G.Víctor Manuel Hernández Sahagún, Eduardo Aguirre G., Cezar Quijano Mota

¿Que tal adiestramiento se hacía con el consentimiento de Roberto Coppe, entonces director del hangar del gobierno del estado, y por el cual cobraba como instructor, prácticas que generaron un desgaste intensivo en ésta y otras aeronaves estatales durante los años 2017 y 2018?

¿Que la Dirección de Servicios Logísticos de Apoyo al Ejecutivo estuvo pagando desde 2015 salarios de pilotos que no estaban en su nómina, sino que laboran en realidad en el estado de Hidalgo, entre ellos Iván Valencia Reyes, quien el 24 de enero de 2019 fue dado de alta como titular del hangar del gobierno del estado de Puebla?

¿Que esta dependencia también pagó viáticos y cursos a pilotos que no estaban en su nómina, entre ellos al capitán Alejandro Luna Adame, a quien se le autorizaron recursos vía los memorándums DSLAE/216/2019 y DSLAE/298/2019 de fechas 3 de abril y 24 de abril de 2019, por 735 mil pesos para el curso Basic Mountain, y 163 mil pesos para viáticos en Canadá?

¿Por qué el gobierno de Luis Miguel Barbosa o la Fiscalía General del Estado no han investigado este presunto desvío de recursos públicos y fincado responsabilidades a los funcionarios de la Secretaría de Finanzas y la Subsecretaría de Egresos que autorizaron esos pagos?

¿Por qué la empresa, socios y administrador de la empresa SAASA no han sido responsabilizados, ni sujetos a proceso por ese accidente, originado supuestamente por fallas mecánicas y deficiencias en los servicios de mantenimiento del helicóptero Agusta modelo A-109S Grand, matrícula XE-BON?

¿Por qué hasta ahora sólo han sido vinculados a proceso por ese fatídico percance cinco personas (el dueño de la empresa Rotor Flight Services, José Antonio Torales y cuatro empleados de la misma, entre ellos los técnicos en mantenimiento mecánico Ricardo y Miguel, el técnico en mantenimiento electrónico Israel Olguín y la encargada de control de servicios, la ingeniera en aeronáutica Magdalena Raya) y nadie de la empresa supuestamente propietaria de la aeronave, así como ningún ex funcionario del gobierno del estado involucrado con la autorización y los pagos mantenimientos de ese helicóptero particular?

¿Qué ha pasado con los tres helicópteros del gobierno del estado (el Bell 407, el Agusta Koala A 119 y el Agusta A109S bimotor), y que permanecían varados en el hangar del gobierno desde octubre de 2020

¿Ya se vendieron? ¿En cuánto? ¿Quién fue el particular o la empresa que las adquirió? ¿Cuánto paga ahora el gobierno de Miguel Barbosa por el alquiler de aeronaves? ¿Quién es el dueño de la empresa que las arrienda?  

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Se acuerda que hace unos días le platiqué de Margarita Mena Caritá, quien durante los gobiernos de Moreno Valle y Gali Fayad era responsable de recibir y dar seguimiento a las quejas que se presentaban en la Dirección de Archivos y Notarías, que estuvo a cargo de Mauricio García León, y en la administración de Barbosa Huerta fue ascendida por el consejero jurídico Ricardo Velázquez Cruz a directora general del Notariado.

Pues déjeme contarle que este martes le pidieron la renuncia a ella y otros empleados de la Consejería Jurídica, y que en su lugar podría llegar María del Carmen Rico Reyes, quien fue directora consultiva de Asuntos Notariales de la Ciudad de México. 

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