En la Auditoría Superior del Estado (ASE) están por salir los pliegos de observaciones de los dos últimos años del que fuera presidente municipal de San Andrés Cholula de 2014 a 2018, Leoncio Paisano Arias.
Los pliegos de estas cuentas que corresponden a los ejercicios fiscales de 2017 y 2018 superan en conjunto los 400 millones de pesos.
Del asunto está enterado el hermano de Leo Paisano, que también fue ex presidente de San Andrés José Guillermo Margarito Paisano, quien asegura tener elementos e información para arreglar estas cuestiones con la alcaldesa Karina Pérez Popoca y el titular de la ASE, Francisco Romero Serrano.
¿Será?
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Algo raro viene ocurriendo en el primer círculo de la presidenta municipal de Puebla, Claudia Rivera Vivanco, y dos de sus colaboradores más cercanos: Javier Palou García y Andrés García Viveros, cuyo antagonismo es cada vez más evidente.
Ayer por la tarde noche pregunté expresamente si Javier Palou había sido relevado de la Coordinación Ejecutiva de la Presidencia Municipal, y si esa posición había recaído en Andrés García, y la respuesta fue afirmativa.
Sin embargo hoy al mediodía, la coordinadora de Comunicación Social del ayuntamiento capitalino, Magaly Herrera López, me llamó para decirme que no había tales cambios.
Hace un par de horas, una fuente muy confiable, me aclaró que Javier Palou seguía en la oficina de la presidenta municipal Claudia Rivera Vivanco, aunque ya no como coordinador ejecutivo, sino como secretario particular.
Y al cierre de esta columna la misma fuente me indicó que después de una complicada junta, las cosas habían quedado como al principio: Palou García como coordinador ejecutivo y García Viveros como coordinador de Proyectos Estratégicos.
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A propósito de la alcaldesa.
Me cuentan que antes de interponer ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una controversia constitucional para impedir que el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta tomara el control de la policía de la capital del estado, y designara a Carla Morales Aguilar como secretaria de Seguridad Ciudadana, en lugar de Lourdes Rosales Martínez, la presidenta municipal cabildeó el tema con algunas instancias federales.
Entre ellas con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del presidente López Obrador, Alfonso Durazo Montaño, quien la alentó a no aceptar esa imposición, por los antecedentes de varios de los jefes policíacos del gobierno de Barbosa y sus ligas con personajes como el ex secretario de Seguridad de Felipe Calderón, Genaro García Luna.
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El pronunciamiento del consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (NE), Lorenzo Córdova Vianello, para que se respeten las reglas del proceso electoral 2020-2021, toda vez que el tiempo para hacer cambios a las leyes en la materia ya concluyó, no fue bien recibido por Morena y algunos de sus aliados.
Los legisladores de la 4T pretendían impulsar en el Congreso de la Unión una reforma electoral de última hora para permitir a los partidos de nueva creación celebrar alianzas o coaliciones en las elecciones federales del próximo año.
La Constitución establece que cualquier reforma electoral debe realizarse al menos con 90 días de anticipación al arranque del proceso siguiente, plazo que vence esta semana, pues el Consejo General del INE declarará el arranque formal en la primera quincena de septiembre.
De las organizaciones que están por obtener su registro como partido político nacional, la única que quizás pueda sobrevivir después del 2021, al computar más del 3% de la votación, es la impulsada por la ex presidenta del SNTE, Elba Esther Gordillo Morales.
Las Redes Sociales Progresistas (RSP) consiguieron a nivel nacional más de 400 mil afiliados y en Puebla más de 15 mil.
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