¿No que con la 4T las licitaciones iban a ser limpias y transparentes?
Una de las criticas más ácidas de Luis Miguel Barbosa Huerta como candidato y como gobernador de Puebla a las administraciones de Rafael Moreno Valle, José Antonio Gali Fayad y Guillermo Pacheco Pulido, fue el sobrecosto que éstos pagaban por la contratación de bienes y servicios a diferentes proveedores.
Según el mandatario estatal este modelo de negocio tenía como propósito central la corrupción y el cobro de moches a los proveedores y contratistas consentidos de las administraciones anteriores a la Cuarta Transformación.
Por esa razón, cualquiera habría supuesto que en el gobierno de Barbosa Huerta habría una renovación de proveedores, para dar preferencia a las empresas locales, pero sobre una reducción en los montos de los contratos.
Sin embargo, en los hechos todo sigue igual o peor que antes, a juzgar por el incremento que han tenido algunos bienes y servicios adquiridos el gobierno barbosista a través de la Secretaría de Administración a cargo de Rosa de la Paz Urtuzuástegui Carrillo.
El ejemplo más reciente es la contratación del seguro colectivo de vida institucional para la Secretaría de Educación Pública (SEP) del estado para el periodo comprendido entre el 1 de junio y el 31 de diciembre.
Por estas pólizas que la Secretaría de Administración adjudicó a Seguros Afirme SA de CV —o Afirme Grupo Financiero—, el gobierno del estado desembolsará la suma de 53 millones de pesos 432 mil pesos.
Dicha cantidad es 11 millones 432 mil pesos superior a la que el año pasado pagó el mismo gobierno por el mismo periodo y por los mismos seguros de vida a la empresa Thona Seguros SA de CV.
En la licitación pública nacional GESALF-001-020/2020, convocada por la Secretaría de Administración del estado, esta aseguradora ofertó cubrir tales pólizas en 43 millones 305 mil, es decir, 10 millones 100 mil pesos abajo de Seguros Afirme, pero fue desechada.
Lo más grave es que esta situación se ha venido repitiendo con otros concursos y licitaciones millonarias, con una constante: el gobierno de Barbosa está pagando más que las “corruptas” administraciones que lo antecedieron.
Ahí están como evidencias las licitaciones y concursos por invitación restringida de las fotomultas o radares de velocidad, el de suministro de tarjetas electrónicas de combustible, el de mantenimiento del parque vehicular de las dependencias y entidades de la administración estatal, las de raciones de alimentos para los penales de Puebla, las de medicamentos genéricos para el ISSSTEP, la del servicio integral de fotocopiado e impresión, las de suministro de abarrotes, frutas y verduras para el DIF, las de compra de equipo e instrumental hospitalario, y un largo etcétera, etcétera.
¿Qué explicación puede ofrecer la 4T de Puebla a esta situación? ¿Por qué si antes la corrupción campeaba por todas partes, hoy siguen las mismas empresas y proveedores, pero cobrando incluso más caro?
¿Esta triste realidad es del conocimiento del gobernador Miguel Barbosa? ¿A poco las secretarias de Administración, de Planeación y Finanzas y de la Función Pública se la han ocultado? ¿Por qué la Auditoría Superior del Estado, los domesticados organismos empresariales y demás entidades del Sistema Estatal Anticorrupción no han protestado, ni levantado la voz para quejarse por el desaseo con que vienen adjudicándose multimillonarios contratos en amañadas licitaciones y dirigidos concursos por invitación restringida?
Conste que son preguntas.
***
Correos: periodistasoy@
Twitter: @periodistasoy
