Nacho Mier Bañuelos cobija aviadores en el Cecyte

Un claro ejemplo de que la corrupción sigue enraizada, aún en el gobierno de la Cuarta Transformación poblana, es el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Puebla (Cecyte), a cargo de Carlos Ignacio Mier Bañuelos.

Ignacio Mier junior llegó al Cecyte en febrero de este año, durante el gobierno interino de Guillermo Pacheco Pulido, pero con el aval de Luis Miguel Barbosa Huerta quien lo ratificó en el cargo ya siendo gobernador constitucional del estado.

Desde su arribo tuvo la encomienda de atacar la corrupción, de terminar con los negocios de su antecesora Miriam Mozo Rodríguez y su pareja, el también ex regidor Roberto Villareal Vaylón, a quien le delegó el control y el manejo administrativo del Colegio, y de limpiar de aviadores este organismo público descentralizado, sectorizado a la Secretaría de Educación Pública.

Sin embargo, el hijo del diputado federal de Morena y presidente del Comité de Administración de la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velasco, se desentendió de las recomendaciones y trató de aprovechar, en beneficio propio y de su aspiración a la presidencia municipal de Tecamachalco, lo que ahí se encontró.

A los pocos meses de tomar de posesión del Cecyte, descubrió con la ayuda de algunos funcionarios administrativos que la nómina estaba inflada y un desfalco de más de 300 mil pesos en enero de 2018 por compras ficticias.

Para acreditar esas anomalías, Ignacio Mier junior ordenó el aseguramiento de la computadora y el CPU del jefe de Recursos Humanos del organismo, Alejandro Hernández Lezama. Sus sospechas se confirmaron. Tras algunas revisiones y entrevistas con empleados de la gestión anterior, halló 63 aviadores.

Sí, personas que cobraban un sueldo como personal adscrito a la Dirección General, pero que no trabajaban ni prestaban —salvo su nombre— servicio alguno al Cecyte.

De una nómina de 666 empleados, Mier Bañuelos detectó que casi 10% eran aviadores o empleados fantasma, pero que tenían asignado un salario, que por supuesto se cobraba.

Los 63 aviadores estaban adscritos a la Dirección General con diferentes sueldos y puestos, que iban desde administrativo especializado, analista especializado, auxiliar responsable de centro EMSAD, auxiliar de servicios y mantenimiento, pasando por bibliotecario, capturista, chofer, coordinador técnico especializado, encargado de sala de computación, enfermería, hasta ingeniero en sistemas, jefe de oficina, laboratorista, oficial de servicios, programador, secretaria de dirección de plantel, subdirector de plantel, supervisor, taquimecanógrafa y vigilante.

Al terminar el segundo semestre del año, el número de aviadores y plazas del Cecyte se redujo. La nómina bajó de 666 a 625 empleados y el número de aviadores pasó de 63 a 25. Sin embargo, estos últimos no eran los mismos. Sólo 14 de aquellos lograron mantenerse en la nómina, entre ellos Diana Alejandra Flores Ramos, administrativo especializado; Gerardo Escobar Alcalá, auxiliar responsable de Centro; José Eliseo Mármol Arellano, María Elena Pérez Pérez, Paulo Villafañe Cuenca, Gabino Fuentes Fernández y Luis Miguel León López, bibliotecarios.

La lista de aviadores que lograron saltar del primer al segundo trimestre de 2019 la completan Rosa María García de los Santos, con puesto de coordinador académico; Norma Selideth Alcalá Báez, laboratorista; Ernesto Miguel Beltrán Espinoza y Emilio César Menéndez Osorio, subdirectores de plantel C; Nallely Becerra Valeriano, taquimecanógrafa; Rocío Lorena Ramos Rodríguez, técnico especializado; y Alfredo Borzani Rojas, vigilante.

Ya con todos los pelos de la burra en la mano, Ignacio Mier mandó a llamar a su oficina, en los primeros días de julio de este año, al jefe Recursos Humanos, Alejandro Hernández, quien llegó acompañado del que fuera su jefe y cómplice, César Aguilar. Éste laboró hasta 2018 en el Cecyte como subdirector administrativo, del que salió en medio de acusaciones de fraude por compras infladas o ficticias.

Contra lo que pudiera pensarse, la reunión no terminó en pleito, aunque sí con renuncias.

Alejandro Hernández y César Aguilar abandonaron las instalaciones del organismo, librando cualquier procedimiento administrativo por daño patrimonial, a pesar de las evidencias de que mensualmente se embolsaban de manera ilegal más de 700 mil pesos.

Ignacio Mier junior tampoco hizo nada por denunciar el desfalco. Al contrario, utilizó la información y el mecanismo diseñado por aquellos y lo perfeccionó en su propio provecho.

La nómina del Cecyte volvió a subir a 660 plazas, de las cuales unas 60 corresponden a aviadores cuyos salarios brutos oscilan entre 7,532 y 35,677 pesos mensuales.

El desfalco a las arcas de este organismo público descentralizado no es menor. Se estima, sólo calculando los salarios brutos de los aviadores, que éste supera los 700 mil pesos mensuales.

Para la Secretaría de la Función Pública del estado, a cargo de Laura Olivia Villaseñor Rosales, y el titular de la Auditoría Superior del Estado, Francisco Romero Serrano, no resultaría complicado comprobar la existencia de aviadores antes y después de la llegada de Nachor Mier junior al Cecyte.

Bastaría con que solicitaran las nóminas mensuales del año pasado, y las nóminas del año en curso y las compararan poniendo especial atención en el personal adscrito a la Dirección General.

De entrada tendría que llamar su atención el número de empleados administrativos (200), contra el número de docentes (poco más de 400).

Para hallar a los aviadores, tendrían que centrarse en aquellos que venían cobrando en 2018 y todavía en enero y febrero de 2019, en los nombres de los que causaron baja a partir de marzo, y aquellos que los sustituyeron en el segundo trimestre, pero sobre todo en los que ingresaron a partir de julio y agosto con el gobierno de la Cuarta Transformación.

Otra vía que la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior podrían explorar, para documentar rápidamente la existencia de aviadores, sería preguntando en cada área por el personal que supuestamente ahí labora o preguntando si alguna vez supieron que la esposa de César Aguilar, Reina Xóchitl León Pérez, y la hija de ambos Karina Aguilar León, trabajaron como ingenieras en sistemas, o algunos otros parientes del subdirector administrativo como su primo Juan Martín Sánchez González, su cuñada Aída Rodríguez Arenas, y su sobrina Paola Rojas Aguilar, laboraron como auxiliar responsable de Centro, auxiliar de servicios y mantenimiento, y jefa de oficina, respectivamente.

Aunque lo más fácil sería citar al hijo de Nacho Mier y preguntarle por qué, si supo de la existencia de aviadores, no denunció ni inició procesos en contra de su antecesora, Mirian Mozo; el subdirector administrativo, César Aguilar, y el jefe Recursos Humanos, Alejandro Hernández.

También cuestionarlo sobre la existencia de personas de nuevo ingreso que cobran en el Colegio, pero no van a trabajar, como —por citar sólo unos cuantos nombres— Ernesto Miguel Beltrán Espinoza y Emilio César Menéndez Osorio, que tienen asignado un salario bruto mensual de 35,677 pesos; Alma Lucero Valladares Castro y Paulo Villafañe Cuenca, que ganan 30,204 pesos.

Y ya metidos en el tema preguntarle qué hacen en realidad para el Cecyte personas como Johana Pamela Moreno de los Santos, Mayra Susana Cataño Ramírez, José Juan Gómez Luis, Alfonso Dearida Guarneros, Juan Manuel Muñoz Romero, José Damián Téllez Andrade, Luis Gilberto Rodríguez Gámez, Nallely Méndez Bonilla y Nancy Ortega Herrera, que ganan entre 11 mil y 14 mil pesos al mes.

Carlos Ignacio Mier Bañuelos no es un funcionario de tercero o cuarto nivel. Es el titular de un OPD educativo, que lo usa como trampolín político en sus aspiraciones de convertirse en presidente municipal de Tecamachalco.

Sí, con el respaldo de Morena, no obstante que en 2018 fue candidato del PRD y el PAN y que antes de enrolarse en las filas del barbosismo, gracias a su papá, fue un destacado operador del extinto gobernador Rafael Moreno Valle Rosas.

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