Politiza la 4T de Puebla la revocación de las notarías
El consejero jurídico del gobernador Luis Miguel Barbosa, Ricardo Velázquez Cruz, se encargó este martes de politizar —cuando no había ninguna necesidad— la decisión de revocar las 29 notarías otorgadas por el gobernador ex Rafael Moreno Valle al final de su sexenio, al asegurar que varias de esas patentes son manejadas, controladas u operadas por políticos morenovallistas como Eukid Castañón, Roberto Moya Clemente, Mercedes Aguilar López, Ángel Trauwitz Echeguren, Mario Rincón González y Verónica Sobrado Rodríguez, entre otros.
En lugar de explicar, notaría por notaría, qué requisitos legales incumplieron o violentaron los favorecidos con una de estas patentes, el consejero jurídico optó por las generalidades y la descalificación política, en un ánimo más revanchista que legal.
Ricardo Velázquez declaró que el gobierno del estado investiga y podría fincar delitos a los beneficiados y sus prestanombres por uso indebido de documentos, falsedad de declaraciones y asociación delictuosa, sin embargo, aclaró que no todos los actos y operaciones protocolizados en estas notarías serán nulos o inexistentes, pues lo que se busca es proteger y dar certeza jurídica a la ciudadanía.
Los que se van a cancelar son aquellos donde no haya habido buena fe de algunas de las partes o donde los vicios de ilegalidad sean evidentes, dijo.
Unos y otros serán evaluados, caso por caso, por una comisión en la que participará la Consejería Jurídica, puntualizó.
En la conferencia de prensa que ofreció en Casa Aguayo, acompañado de la coordinadora de Comunicación Social, Verónica Vélez Macuil, el consejero jurídico se metió en un terreno pantanoso cuando al nombrar a los 29 notarios —a quienes les serán revocadas sus patentes, y retirados folios y sellos—, habló de prestanombres y de políticos que son los que en realidad las manejan u operan.
¿Cómo va a demostrar Ricardo Velázquez que el notario 10 de Cholula, Miguel Martínez García, es prestanombres del ex secretario de Turismo Ángel Trauwitz; que el notario 7 de Huejotzingo, Sabás Jesús Gómez Cortés, es el testaferro de la que fuera secretaria particular del ex gobernador Moreno Valle, Mercedes Aguilar; que la notaria 6 de Tecamachalco, Rosa Nallely Rodríguez Camacho, es la operadora de Eukid Castañón; o que el notario 10 de Tehuacán, Alejandro Julián Rosas Moro, es un pelele del empresario René López Cárdenas?
¿O, que otros políticos morenovallistas como Roberto Moya Clemente manejan la notaría 6 de Cholula; Sergio Salomón Cespedes, la notaría 7 de Tepeaca; Mario Rincon González, la notaría 8 de Tepeaca; Verónica Sobrado, la 9 de Tehuacán; Cupertino Alejo Domínguez, la 12 de Tehuacán; Maiella Gómez Maldonado, la notaría 11 de Tehuacán, y Noé Ronquillo Cuevas, la notaría 2 de Tetela de Ocampo?
¿Por qué politizar o partidizar así un asunto estrictamente jurídico?
¿No habría sido más fácil enumerar qué notarías carecen de decreto de creación, publicado en el Periódico Oficial del estado, qué notarios no tienen patente de aspirante y fueron nombrados notarios titulares; quiénes de los favorecidos con una notaría no cumplieron con sus prácticas profesionales de un año ininterrumpido, quiénes no presentaron examen de oposición, y quiénes tienen incompleto su expediente, por documentación no entregada o debidamente certificada?
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Un nombramiento que deberían revisar las autoridades educativas de Puebla de la 4T es el del director del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Puebla (ICATEP), Francisco Javier Narro Robles, quien se ostenta como arquitecto, al parecer sin serlo.
Y es que en el Registro Nacional de Profesionistas de la SEP no existe ninguna cédula profesional a nombre de Francisco Javier Narro Robles.
El Narro Robles que sí aparece con un par de cédulas es su hermano, José Ramón, que fue rector de la UNAM en dos periodos y secretario de Salud en el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto.
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