La trama Audi, un escándalo de corrupción que apenas comienza
En mi columna del pasado 8 de julio le comenté aquí que estaba por destaparse un auténtico escándalo en el Banco de Estatal de Tierras (BET), fideicomiso sectorizado a la Secretaría de Finanzas y Administración que opera como una entidad paraestatal, y que las anomalías implicarían a varios de sus directores, entre ellos Juan José Méndez León Jiménez, Alfredo Ortega Miranda y Jacqueline Velázquez Hernández, así como a otros mandos medios del organismo como la exdirectora administrativa del organismo, Guadalupe Gómez Uriarte; el exjefe del Departamento de Tenencia de la Tierra, Roberto Carrión García; el actual jefe del Departamento de Supervisión, Vicente Ortiz Toxqui y el ex analista de la Dirección de Reservas Territoriales, José Uriel Martínez Mendoza.
En el libro “La trama Audi. Componendas de un gobierno autoritario”, de Sergio Mastretta Guzmán y la investigadora María Eugenia Silva Celma ha comenzado a ventilarse este escándalo de corrupción, tráfico de influencias y abuso de poder, pero desde un plano general que pone el acento en la adquisición de grandes extensiones de tierra privada y social (algo así como 1,667 hectáreas) y su recompra por parte del (BET).
En la investigación de Mastretta se documenta cómo particulares y funcionarios de la Dirección de Tenencia de la Tierra se hicieron ejidatarios y luego del dominio pleno de cientos de hectáreas pagando en promedio 8.5 pesos el metro cuadrado y cómo esas mismas tierras se las vendieron al gobierno del estado seis veces más caras.
Mi colega Mastretta sostiene en su libro que los funcionarios involucrados en esta trama son Roberto García Carreón y Vicente Ortiz Toxqui, quienes habían adquirido mediante argucias y engaños a ejidatarios 197.6 y 77.4 hectáreas, respectivamente entre los años de 2012 y 2013.
Sin embargo, yo podría adelantarle que hay más funcionarios y de mayor rango en esta operación fraudulenta de tierras para la planta automotriz Audi y la llamada Ciudad Modelo, en la que intervinieron empresas y despachos vinculados al director del Banco Estatal de Tierras, Juan José Méndez León; a la directora administrativa, Guadalupe Gómez Uriarte, y la entonces directora de Reservas Territoriales y Crecimiento Urbano del BET, Jacqueline Hernández Velázquez.
Juan José Méndez León fue compañero de estudios en el ITAM de Enrique Manzanilla Prieto, hermano menor del entonces titular de la Secretaría General de Gobierno, Fernando Manzanilla Prieto y es cuñado de Miguel Ángel Rosas Vigil, representante legal y administrador de empresas que fueron favorecidas por el entonces secretario de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico, Pablo Rodríguez Regordosa, a través de transferencias y depósitos de Malawi Ingeniería y Construcción SA de CV.
Guadalupe Gómez Uriarte, administradora del BET y socia de Méndez León, fue el cerebro que ideó el desvío de recursos públicos y el lavado de las millonarias ganancias obtenidas a través de la compra-venta de tierras ejidales, valiéndose de una red de empresas constructoras y de ingeniería, así como de comercializadoras y despachos de consultoría.
Los funcionarios que Sergio Mastretta cita en su investigación, Roberto Carrión y Vicente Toxqui, son en realidad de la punta del iceberg, la punta de la madeja.
El primero se desempeñó como jefe del Departamento de Tenencia de la Tierra y el segundo todavía labora en el BET como jefe del Departamento de Supervisión.
Uno y otro que tendrían que ser requeridos e investigados ya por la nueva Secretaría de la Función Pública, a cargo de Karen Berlanga Valdés, para que expliquen cómo y quién les permitió siendo funcionarios del Banco Estatal de Tierras comprar cientos de hectáreas ejidales para luego venderlas a la institución en que laboran ocho veces más caras.
Y también por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, para que expliquen de dónde sacaron los 16.75 millones y 6.5 millones de pesos que cada uno consiguió para comprar 197 y 77 hectáreas de propiedad social y privada en los municipios de San José Chiapa y Soltepec; qué hicieron o dónde depositaron o invirtieron los casi 150 millones de pesos que el Banco Estatal de Tierra les pagó por sus propiedades, y por qué después de ese millonario negocio todavía siguieron laborando en el organismo, que en la segunda mitad del sexenio de Rafael Moreno Valle pasó de la Secretaría General de Gobierno a la Secretaría de Finanzas y Administración cuyo titular era Roberto Moya Clemente.
Pero esta, como dice la Nana Goya, es otra historia, que no es ajena al entramado de negocios que funcionarios y personajes cercanos al ex gobernador Moreno Valle realizaron con la instalación de la planta Audi y decenas de empresas proveedoras de esta armadora automotriz de vehículos de lujo.
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