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Los primeros días de abril, los Gobiernos de las Repúblicas de El Salvador, Guatemala y Honduras condenaron y rechazaron a través de un comunicado conjunto “los actos cometidos por cualquier persona que exponga la integridad física, mental y emocional de las personas menores de edad en el contexto de la migración irregular”, refiriéndose al delito que cometen los conocidos como “polleros” o traficantes de personas, sobre todo cuando se habla de bebés, niños o adolescentes.

También, se comprometieron a aplicar todo el peso de la ley a las organizaciones delictivas que ganan cientos de miles de dólares “ayudando” a sus ciudadanos a llegar a Estados Unidos ilegalmente, cruzando por México, también sin documentos.

Lo cierto es que, muy a pesar de la disposición de estos países para atacar el delito del tráfico, sus acciones de gobierno son insuficientes para que sus ciudadanos decidan permanecer en su país y no arriesgar su vida y la de sus hijos, saliendo a buscar nuevas oportunidades laborales o una vida sin violencia en un país tan lejano como Estados Unidos. Las cifras de migrantes aumentaron los últimos meses a la par de las detenciones y las deportaciones en la frontera con Chiapas.

Lamentablemente los riesgos que lleva migrar ilegalmente y en las peores condiciones siguen cobrando vidas a lo largo de esta peligrosa trayectoria, tan solo en territorio poblano constantemente se producen las noticias de migrantes atropellados y muertos o mutilados por el tren cuando deciden bajar de él a buscar agua y comida.

Así como de grupos de migrantes abandonados o hasta secuestrados por sus traficantes. La lista de centroamericanos desaparecidos sigue en aumento, pero además los albergues de menores en Estados Unidos siguen abarrotándose muy a pesar del descontrol que en ellos prevalece.

Es decir, la crisis sigue creciendo más allá de las buenas intenciones de El Salvador, Honduras y Guatemala, porque parece que sólo eso son, buenas intenciones.

Frontera mexicana seguirá resguardando a solicitantes de asilo

Un Juez en Estados Unidos acaba de aprobar que el Programa “Protocolos de Protección Al Migrante” mejor conocido como “Remain Mexico” no desaparezca, deslindando a la Unión Americana de mantener en su territorio a los miles de migrantes que están solicitando asilo, así que México tendrá que asumir la responsabilidad de resguardar en nuestro territorio a los indocumentados, principalmente de origen centroamericano, mientras esperan su audiencia con la autoridad migratoria norteamericana.

Y es que, el acuerdo al que llegaron Marcelo Ebrard, en representación de México junto a funcionarios norteamericanos como Mike Pompeo, en noviembre pasado, tiene el objetivo de disminuir la presión a Estados Unidos ante el imparable arribo de caravanas migrantes a la frontera norte, eso sí, todo a cambio de los 25 mil millones de dólares que México recibirá para que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador los aplique en los proyectos que pretenden desarrollar el sureste, como el Tren Maya.

Aunque los estados fronterizos mexicanos en el norte no cuenten con un protocolo ni de vivienda, ni alimentario, mucho menos sanitario para enfrentar la atención a los miles de indocumentados que permanecerán varados por meses, quizás por años.

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