Municipios Puebla

Finalmente el PRI se decidió por Alberto Jiménez Merino como su candidato a la gubernatura de Puebla, dejando en el camino a Enrique Doger Guerrero, Ricardo Urzúa Rivera y Lorenzo Rivera Sosa.

La apuesta del tricolor con la postulación de Jiménez Merino no es, por supuesto, ganar la gubernatura sino tratar de evitar que el PRI se desfonde, o sea desfondado por Miguel Barbosa Huerta y sus nuevos aliados priístas como Javier López Zavala, Ardelio Vargas Fosado y un largo etcétera.

En términos prácticos el ex delegado de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), ex secretario de Desarrollo Rural, ex delegado de Sagarpa, ex líder de la CNC Puebla y ex diputado federal es un tecito, es decir, alguien que no le hará mal ni bien al PRI en las elecciones extraordinarias de gobernador del primer domingo de junio.

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Entre los profesores de la Escuela Libre de Derecho, en la cual dejó de dar clases, y la alta burocracia del Poder Judicial, es un secreto a voces que el ex magistrado Fernando Rosales Bretón ya trabaja para el titular del Ejecutivo estatal haciendo las funciones de coordinador general de Vinculación Interinstitucional y Atención Ciudadana.

Pero que para no perder la pensión que tiene como magistrado en retiro del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), su sueldo de 45 mil pesos mensuales sale a través de Gil Robles Ruiz y Adriana Silva Reyes, que trabajaron con él en la Tercera Sala en materia Penal.

La pensión de Rosales Bretón es por enfermedad, por lo que se supone que está impedido para recibir sueldos que provengan de cualquiera de los poderes del estado, so pretexto de perderla y ser sancionado.

Por eso le dio la vuelta a esa prohibición con la ayuda de sus subordinados que laboran o laboraron en el Poder Judicial del estado que lo pensionó.

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Con la novedad que el nombramiento que el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política de la LX Legislatura, Gabriel Biestro Medinilla, y la coordinadora de la fracción priísta, Rocío García Olmedo, habían pactado en favor del doctor Jorge Arrazola Cermeño como director del Instituto de Investigaciones Legislativas, Financieras y Socioeconómicas, en sustitución de Ignacio Alejandro Molina Huerta, se cayó.

O mejor dicho: se los tiró el presidente de la mesa directiva del Congreso del estado, el diputado José Juan Espinosa Torres, al revisar el expediente de Arrazola y de otros aspirantes al cargo, y percatarse que su documentación estaba incompleta.

En el caso de Jorge Arrazola faltaba la carta de antecedentes no penales. Estaba el comprobante de que éste había pagados los derechos por la expedición de ese documento, pero no la carta.

Por lo anterior el nombramiento en favor de Arrazola se suspendió, y tendrá que esperar hasta que vuelva emitirse una convocatoria para el cargo de director del Instituto de Investigaciones Legislativas.

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