¿Quién está haciendo su agosto con el dinero sucio que no entra a las arcas municipales?
Un asunto delicado, del que pocos en el ayuntamiento de Puebla quieren hablar, es el relacionado con el dinero o las cuotas que ambulantes, comerciantes informales, artistas callejeros y propietarios de giros negros como table dance, cantinas, cabarets, hoteles de mala nota y prostíbulos disfrazados de restaurante-bar y loncherías pagan a inspectores y funcionarios del Departamento de Vía Pública, la Unidad de Normatividad Comercial, el Departamento de Concertación de Espacios Públicos, y el Departamento de Mercados y Central de Abasto.
Oficialmente la presidenta municipal de Puebla, Claudia Rivera Vivanco, giró instrucciones para que nadie reciba estas cuotas que en todas las administraciones municipales se han cobrado —vía inspectores, funcionarios, intermediarios y dirigentes de organizaciones—, y para que la Tesorería y la Secretaría de Gobernación trataran de regularizar a los irregulares y de corregir los que estuvieran en la informalidad.
Oficialmente se insiste que el ayuntamiento de Puebla no está captando tales recursos, que algunos califican como dinero sucio por tener su origen en actividades informales, ilícitas o que rayan en la ilegalidad por estar vinculadas a la prostitución, la trata de personas, la piratería, el contrabando y, a veces, el robo.
Sin embargo, sería ingenuo —por no decir estúpido—pensar que ese dinero dejó de cobrarse o que su flujo se detuvo sólo porque Claudia Rivera Vivanco instruyó a sus secretarios, directores y jefes de departamento a que no lo recibieran.
De ahí las dudas sobre qué está pasando con este dinero en efectivo que no ingresa a las arcas municipales: ¿quién se lo está quedando?, ¿a cuánto asciende al día, a la semana y al mes?, ¿hacia dónde está fluyendo?, ¿quién o quiénes se están haciendo millonarios con esos recursos que no entran a la Tesorería, ni a la Secretaría de Gobernación?
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Investigar lo anterior tendría que ser una prioridad de la presidenta municipal Claudia Rivera y para hacerlo podría jalar dos hebras que tienen su origen en el Departamento de Vía Pública.
La primera hebra es una denuncia que inspectores inconformes le han hecho llegar de manera directa y por conducto de algunos regidores, acusando a la jefa de Departamento, Ana Abimelethe Dixon Acosta, y a su brazo operativo Oscar García Díaz, alias Juanito Pérez, de recibir miles de pesos por cobro de uso de suelo y utilización de vía pública sin permiso, a líderes y comerciantes informales del Centro Histórico y de otras zonas de la capital.
Los denunciantes afirman que por esta situación el comercio ambulante se ha multiplicado hasta en un 300%.
Para la alcaldesa y el secretario de Gobernación municipal, René Sánchez Galindo, no tendría que ser difícil ir a fondo en esta denuncia, dado que ya existen expedientes de investigación en contra de Dixon Acosta y García Díaz, entre ellos el F-27/2018, y el F-32/2018, en los cuales también se acusa de extorsión a otros inspectores entre ellos a Andy Bañuelos Rodríguez, Óscar Sánchez Apanco, Gabriel Cortés Mendoza, Yucundo Juárez Mota, Carlos Alberto Baleon Solís, Jorge Jonathan Manzano Olvera, Richard Ismael Flores Madrid y Enrique Juárez Ángeles.
La segunda hebra tiene que ver con el personal adscrito al Departamento de Vía Pública y la Dirección de Desarrollo Político, pues se sabe que de los 150 que estaban en nómina, hasta el 8 y 13 de enero de 2019 como personal de base y de confianza, sólo trabajaban 45.
La jefa de departamento y el director de área tendrían que explicar por qué más del 50% del personal que cobraba no iba a laborar, o al menos no en Vía Pública, y por qué los que firmaban lista de asistencia reportaban jornadas de 11, 12 y hasta 15 horas diarias.
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