El adiós de una de las peores legislaturas en la historia de Puebla

Si de algo ha carecido la Legislatura local que concluye sus funciones el 14 de septiembre, además de independencia y autonomía, es de asepsia política.

Históricamente, el Congreso del estado siempre ha sido un poder subordinado al gobernador en turno, pero en la LIX Legislatura se perdió hasta el cuidado de las formas.

Los diputados salientes se han caracterizado por autorizar a Rafael Moreno Valle y José Antonio Gali todas sus iniciativas de leyes y decretos, sin cambiarles una sola coma; por aprobar sus reformas y parches electorales a modo; por validar el endeudamiento directo e indirecto del gobierno, ayuntamientos y organismos públicos descentralizados; y por avalar contratos transexenales de Proyectos de Prestación de Servicios (PPS) y de Asociación Público-Privadas (APPs), aun a sabiendas que comprometían las participaciones e ingresos fiscales de las próximas dos administraciones estatales.

La LIX Legislatura, que en aras de la concurrencia electoral prolongó su gestión a cuatro años ocho meses, es la responsable del nombramiento de un auditor superior y un fiscal general carnales de Moreno Valle, así como de la designación de magistrados del Tribunal Superior de Justicia y del Tribunal de Justicia Administrativa, sin trayectoria ni prestigio profesional pero que son amigos, cuates y carnales de los gobernadores Moreno Valle y Gali Fayad, así como de la gobernadora electa Martha Erika Alonso.

El desaseo en el quehacer legislativo y la dictaminación de cuentas públicas ha sido la divisa de uso corriente en la Legislatura que termina y que este martes aprobó una reforma constitucional para que la —que suponen será— próxima gobernadora pueda rendir protesta ante el presidente del Tribunal Superior de Justicia y no ante el pleno de la LX Legislatura, donde los diputados emanados de la coalición Juntos Haremos Historia serán mayoría.

Son tales las pifias y desaciertos cometidos por los diputados salientes que no sería raro que quienes los sucederán en el Congreso local rectifiquen o den marcha atrás a no pocas leyes, reformas, concesiones y nombramientos aprobados por una de las peores Legislaturas en la historia política de Puebla.

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En sesión extraordinaria del pleno del Tribunal Superior de Justicia, este martes rindieron protesta los dos nuevos magistrados nombrados por el Congreso del estado: José Montiel Rodríguez e Ignacio Galván Zenteno.

El primero, que venía desempeñándose como subsecretario Jurídico de la SGG, quedó adscrito a la Cuarta Sala Civil, y el esposo de la secretaria de Salud del estado a la Primera Sala Civil.

El pleno aprobó otros cambios de adscripción: el magistrado Jared Albino Soriano Hernández pasó de la Tercera Sala Penal a la Cuarta Sala Civil.

Por tal razón la Cuarta Sala Civil quedó integrada con los magistrados José Montiel, Jared Soriano y Elier Martínez Ayuso.

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