Municipios Puebla

Ximena González Constantino

La situación que vive la Universidad Veracruzana es más que un asunto particularmente de universitarios y del estado de Veracruz. Este problema no solo afecta a estas comunidades, sino que también está inmerso en una serie de factores que afectan a toda la vida nacional, tales como la opacidad en los gobiernos actuales, el futuro de las universidades públicas, las posturas de instituciones privadas así como la exigencia que la ciudadanía debe tener para que las leyes de transparencia se cumplan. Para ahondar más en el tema, el doctor Mario C. Toto, docente e investigador en la UV, licenciado en sociología con diversos campos de investigación social y quien ha vivido este proceso de la Universidad Veracruzana, nos explica más.

El pago que siempre se prometió pero que nunca llegó

—Tenemos un contexto en el que el gobierno del Estado, por un lado, incumple su labor institucional de otorgar subsidios o presupuesto para que la UV opere y, por otro lado, retiene los fondos asignados. El adeudo que mantiene el gobierno del estado de Veracruz con la UV de 275 millones de pesos no es del año pasado, es un adeudo que se ha acumulado desde hace dos años (…) que, por distintos motivos, el gobierno del Estado no da en tiempo y forma. El segundo es que, al mismo tiempo, parte de las ministraciones que son presupuesto federal para la UV, alrededor de 159 millones de pesos, tampoco llegaba.

“Al llegar a la rectoría, la doctora Sara Ladrón de Guevara comenzó a investigar respecto al estado financiero de la universidad, se dio cuenta de que se encontraba en serias dificultades, así que tuvieron que cancelar ciertas actividades. A pesar de esto, intentó solicitar los recursos correspondientes desde una postura diplomática, pero al verse cada vez más difícil la situación económica empezaron las dificultades para pagar incluso a los trabajadores.

Se inicia un intercambio epistolar con el gobernador constitucional solicitando su intervención para que se agilizara la entrega de las administraciones pendientes, esto empieza aproximadamente a principios de 2015. Entre este ir y venir de información de me debes, les debo, hay reuniones de la rectora con el gobernador del Estado en la que el gobernador se compromete a pagar y que, incluso, anuncia que va a dejar a su secretario de finanzas para que se ponga de acuerdo y haga un calendario de pagos, pero esto no se cumple”.

 “Esto es lo que conduce a que por primera vez en la historia y por lo menos desde hace 40 años, la comunidad universitaria en su totalidad se manifieste públicamente en una marcha exigiendo algo”.

El jueves 26 de febrero la rectora decide convocar al consejo general universitario, el cual representa a toda la comunidad y es también la máxima autoridad de dicha institución. Finalmente se toma la decisión de convocar a una marcha el 28 de febrero, la principal exigencia era la regularización de pagos y los aumentos salariales.

—La marcha del 26 agrupa a 7 mil personas en contra del gobierno por los adeudos a la UV. Hasta ahí solamente se habían dado las manifestaciones en Xalapa, así que el consejo, en reunión extraordinaria, decide convocar a una nueva manifestación el día viernes 10  de marzo. En la cual se invita a que cada campus organice una marcha pacífica procurando no alterar la vida cotidiana de los habitantes de las ciudades con un carácter: universitaria, académica, no partidista y orientada a la defensa de los intereses de la comunidad universitaria.

“La marcha es en defensa de la educación superior pública, ya que al interpretar la negativa del gobierno del Estado están haciendo una ofensiva a una reducción del presupuesto a las universidades públicas, por otro lado la marcha es para que paguen lo que deben —como dice el chachachá—”.

El doctor también comentó que la marcha del día 27 fue de convocatoria abierta, por lo que asistieron académicos, amas de casa, egresados, estudiantes y gente que labora en entidades públicas. A pesar de que la invitación fue abierta, las posturas por las escuelas privadas fueron muy variadas. En algunos casos solo se brindó apoyo moral, en otras empatías por los códigos universitarios que demandaban.

El deber de ser claros y la transparencia

Por otro lado, el tema del acceso a la información es lo que ha hecho aún más polémico este asunto, ya que el gobierno de Veracruz se encuentra en periodo de opacidad pues no ha dado la rendición de cuentas que la ciudadanía ha exigido, esto aunado a las propias leyes que el mismo gobierno no ha cumplido, respecto al acceso a la información.

—Es preciso señalar dos momentos. Primero, en el sistema de gobiernos abierto, que es una iniciativa del Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) que viene impulsándose básicamente desde hace tres años, las instituciones de gobierno suponen que tiene que haber una contraloría ciudadana que observe, supervise y vigile el uso de los recursos públicos.

“Hay que tener espacios de transparencias donde tienen que publicar cómo y en qué se gastan, y no tiene que negarse el acceso a la información a cualquier ciudadano que pregunte. El ambiente social alrededor de la exigencia de trasparencia estaba acomodado para que se hermanara una crispación por la opacidad con que se manejan los recursos públicos en el estado de Veracruz“.

El futuro de las universidades públicas

Para finalizar nuestra entrevista, el doctor hace mención de su experiencia como profesor en universidades públicas y privadas, comentó que este proceso de transformación está ocurriendo de manera rápida, ya que a pesar de que no pueden seguir creciendo físicamente, se están realizando innovaciones educativas con el fin de ampliar la población universitaria por medio de las nuevas tecnologías.

—Es un proceso de reinvención de los procesos educativos, bajo el modelo de poder asesorar a un amplia población sin la necesidad de que estén físicamente, es decir, por medio de nuevas tecnologías (…). Muchos expertos opinan que el ideal presupuestario es el que propone la UNESCO, el cual dice que se debe dar el 5 por ciento del producto interno bruto, es decir, el 5 del egreso total del Estado, ese 5 por ciento tendría que asegurarse para la autonomía presupuestaria de la universidad. Con esos recursos cualquier universidad estatal debería de tener: ampliación de la matrícula, mejora de la infraestructura y mejorar estos nuevos caminos de otros modos de educación que no sean presenciales, búsqueda de alternativas educativas y, evidentemente, la alianza sistemática entre  las universidad públicas para que presten servicios a la mejora de las entidades públicas y privadas, una especia de alianza universidad empresa que permita a la universidad obtener más recursos para llenar sobre todo tres áreas estratégicas: investigación y desarrollo, responsabilidad social y el fortalecimiento de la capacidad de gobierno de cada universidad.

“Creo que por ahí va el camino de las universidades públicas, muchas de las universidades estatales se ven reflejadas en el camino de lo que le está pasando hoy en la Universidad Veracruzana”.