Sin permisos ambientales, ejidatarios cometieron un ecocidio al derribar más de 500 árboles longevos, con el objetivo de abrir la mencionada vía de comunicación y construir viviendas, con información en octubre de importante medio estatal.

 

En ese momento, inspectores de la Dirección de Inspección y Vigilancia de la Propaet realizaron una diligencia para constatar que efectivamente más de 500 eucaliptos de entre diez y 15 años de edad fueron derribados por una máquina retroexcavadora.

 

A la fecha, se observan sellos de suspensión, los cuales no deben ser violados o retirados, pues acarrearía consecuencias legales graves.

 

Durante la inspección, se dio a conocer que quienes integran del ejido admitieron no contar con los permisos necesarios, por ello, los inspectores procedieron a suspender las maniobras y les dieron cinco días naturales para presentar sus alegatos.

 

Dicho periodo otorgado, concluyó este sábado. Lo que significa que podrán iniciarán los procedimientos de suspensión, pues hasta el siete de noviembre nadie acudió a la procuraduría ambiental a defender el proyecto, legalmente.

 

Una vez agotados todos los procedimientos administrativos, la Propaet podría presentar una denuncia ante la Fiscalía General de la República por delitos ambientales de alto impacto, en detrimento del equilibrio ecológico y de la población en general.

 

El alcalde de Ixtacuixtla, Jesús Rolando Pérez Saavedra se reunió con el titular de la Procuraduría ambiental del estado, Iván García Juárez, para exponerle su preocupación en torno al crecimiento descontrolado de la mancha urbana.

 

Externó su inquietud por el incorrecto ordenamiento territorial, a pesar de que el municipio cuenta con su Programa Estatal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano actualizado.

 

En respuesta, el funcionario estatal le reviró que es derecho superior procurar los servicios ambientales, antes que los del crecimiento urbano.

 

Los peritos levantaron un Acta Circunstanciada que dio paso a las investigaciones y de comprobarse que los ejidatarios actuaron con dolo, podrían hacerse acreedores a multas, apercibimientos o incluso, vincularlos a proceso.

 

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente subió la denuncia, pero se declaró incompetente de atender el asunto, pues escapa de su jurisdicción.

 

Foto: Especial

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