El gobernador Miguel Barbosa Huerta destacó el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por el que se declaró constitucional del cobro del Derecho al Alumbrado Público (DAP) con una fórmula aprobada por el Congreso local en diciembre de 2021.

Sin embargo remarcó que el ayuntamiento de Puebla presentó una fórmula distinta, por lo que el poder legislativo no le autorizó este cobro, y la controversia constitucional que interpuso aún no es resuelta por los ministros.

En conferencia de prensa, señaló que las dos acciones de inconstitucionalidad que se discutieron este miércoles fueron las presentadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y por la Comisión de Derechos Humanos del Estado (CDHE).

Ambas se inconformaron contra el decreto del Congreso donde se aprobaron 144 leyes de ingresos municipales en las que se incluyó el cobro del DAP, conforme a la fórmula que los diputados les propusieron.

“Esa fórmula que contenía todas las previsiones constitucionales, que ya eran antecedentes, por cierto”, destacó.

Indicó que el ayuntamiento de Puebla planteó una fórmula distinta de la que el Congreso estaba sugiriendo, por lo que no se incluyó en su ley de ingresos.

Ante ello el ayuntamiento capitalino promovió una controversia constitucional, que a la fecha no se ha resuelto, remarcó el mandatario.

Expuso que ante las acciones de inconstitucionalidad de la CNDH y la CDHE, la fórmula del DAP que aplicó el Congreso de Puebla fue declarada constitucional por ocho votos a favor y tres en contra.

“Se cuidó mucho esa fórmula y el Congreso fue muy cuidadoso. Tuvo asesores importantes de nivel nacional para no cometer equivocaciones. Las otras fórmulas son violatorias a derechos humanos y violatorias a los principios que se tienen que observar para el cobro de impuestos y derechos”, concluyó.

Foto: especial

gse