La Fiscalía General de la República (FGR) ha solicitado la cancelación de al menos 21 de las 83 órdenes de detención que la unidad que investiga el caso Ayotzinapa pidió a mediados de agosto. El mismo juez que concedió las órdenes ha accedido a la petición de la FGR y las ha dejado sin efecto.

Documentos obtenidos por el diario El País y fuentes cercanas al caso dibujan un conflicto entre la filial y la propia FGR, que comanda Alejandro Gertz. De las 83 órdenes de detención, la Fiscalía ha ejecutado apenas cuatro. La dependencia no ha informado del resto.

Entre las órdenes canceladas figuran las de 16 militares, acusados de delincuencia organizada. Uno de los 16 es Rafael Hernández Nieto, comandante del 41 Batallón de Infantería, con sede en Iguala, en el momento del ataque contra los estudiantes normalistas, en septiembre de 2014.

Los documentos obtenidos por este diario muestran que 15 de esos 16 militares, todos menos Hernández Nieto, estaban acusados también de desaparición forzada.

Además de los militares, el juez a cargo del caso, con sede en Toluca, ha aceptado cancelar igualmente las órdenes de detención contra el exprocurador de Guerrero en la época, Iñaki Blanco, por delincuencia organizada; contra el juez de Barandilla de Iguala entonces, Ulises Bernabé, por desaparición forzada, y contra tres funcionarios del poder judicial de Guerrero, entre ellos la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, por desaparición forzada y obstrucción a la justicia.

Foto: archivo m

gse