Esto se ha visto reflejado en las 49 denuncias interpuestas ante la Fiscalía General de la República (FGR) por el delito de lavado relacionado con estos ilícitos.

 

 

Del 2017 a junio del 2022, el sistema financiero envió 1,819 reportes de operaciones inusuales relacionados con la trata de personas, lo que ayudó a la UIF interponer ante la entonces Procuraduría General de la República (PGR), actual fiscalía, 13 denuncias por conductas que pudieran favorecer el lavado de dinero relacionado con este ilícito.

 

Mientras que del 2004 a junio del 2022, la UIF recibió del sistema financiero 3,544 reportes de operaciones inusuales relacionados con el tráfico de personas, lo cual derivó en la presentación de 36 denuncias por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita relacionadas con este delito.

 

 

“Ambos delitos son sumamente atractivos para los grupos delictivos por los ingresos generados. Esto hace que sea viable utilizar el sistema antilavado tanto para prevenir las operaciones con recursos de procedencia ilícita como investigar presuntos delitos”, dijo.

 

Aunque la trata y el tráfico de personas están relacionados, existen diferencias entre ellos. Por ejemplo, la trata es un delito con fines de explotación que puede ser sexual, trabajos forzados, esclavitud, servidumbre o, incluso, la extracción de órganos, mientras que el tráfico de personas se define como el tránsito ilícito de individuos entre fronteras a cambio de una retribución, esto de acuerdo con la FGR. 

 

Las estimaciones mundiales indican que la trata puede generar recursos ilícitos por 150,000 millones de dólares al año y el tráfico, cerca de 10,000 millones de dólares anuales.

 

Organismos como el Grupo de Acción Financiera Internacional contra el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo han alertado sobre el riesgo de ambos ilícitos y cómo las ganancias de estos pueden hacerse pasar como legítimas por el sistema financiero.

 

El representante del Observatorio Nacional Ciudadano indicó que la UIF debe de adoptar una estrategia más proactiva para poder armar casos más sólidos y lograr resultados contundentes en materia de procuración de justicia.

 

"Se necesita que la UIF adopte una estrategia más proactiva. Es un signo positivo que ambas conductas ya se perfilen en la Evaluación Nacional de Riesgos, pero hace falta el desarrollo de más investigaciones, tipologías y guías de banderas rojas e indicadores transaccionales y de comportamiento”, destacó Vélez.

 

Las instituciones financieras, al ser la primera fuente de información de la UIF, deben reportar más y mejor para que dicha instancia pueda desarrollar tipologías y, así, dar a conocer los riesgos detectados, aseveró.

 

Foto: Periódico El Financiero

LSM