La recomendación también va dirigida al titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, y al titular de la Fiscalía General de Querétaro (FGEQ), Alejandro Echeverria Cornejo, por violaciones a los derechos humanos de acceso a la justicia en su modalidad de procuración, y a la intimidad en relación con la integridad y seguridad personal en perjuicio de ocho personas, probables víctimas de trata, informa un comunicado.

 

El cinco de marzo de 2019, la CNDH recibió una queja de una de las víctimas, en la que señaló que después de estar aproximadamente 15 años desaparecida, su hija fue rescatada en Tlaxcala junto con sus tres hijos menores de edad, por lo que interpuso la denuncia ante la FGR por los delitos de matrimonio forzado y servil, y por trabajo forzado, donde se inició una carpeta de investigación, con base en datos de la CNDH.

 

Ante esto, la Fiscalía se declaró incompetente para conocer del asunto, por lo que formuló una ampliación de declaración, y determinó remitir la investigación a la FGEQ.

 

Después se informó que una semana antes de su rescate, la víctima sufrió una agresión sexual, sin que el personal pericial de la FGR y de la Procuraduría de Tlaxcala llevaran a cabo una revisión exhaustiva del estado de salud de la víctima, pues omitieron realizar un examenginecológico para determinar si había o no lesiones de tipo sexual, aunque no fueran recientes y, en caso de existir, brindarle tratamiento médico y quirúrgico especializado.

 

La información señala que tampoco se realizó una valoración psicológica a la víctima, tal como lo precisan los protocolos aplicables.

 

 

La recomendación establece que se vulneró el derecho de justicia de la víctima, además de que actuó con dilación en la ejecución de diligencias solicitadas por el Ministerio Público e incurrió en tardanza, sin justificación, en la entrega de los informes respectivos.

 

Tampoco se dio respuesta a las peticiones realizadas por la víctima, a través de sus asesores jurídicos, respecto del estatus y desarrollo de su procedimiento

 

El organismo nacional también acreditó que personal ministerial de la PGJE expuso en una notificación a la FGEQ, de forma explícita y sin reserva, el nombre y la edad de las víctimas, omitiendo las claves que les fueron asignadas desde un inicio por personal ministerial de la FGR, por lo que pasó por alto resguardar su identidad, vulnerando su derecho a la intimidad con relación a la integridad y seguridad personal.

 

Las recomendaciones para que la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, entre otras, es que continúe con la debida integración y perfeccionamiento de la carpeta de investigación correspondiente, y se practiquen a la brevedad las diligencias para el esclarecimiento de los hechos y para determinar, en su caso, la probable responsabilidad penal que corresponda.

 

Asimismo, que se inscriba a las víctimas en el Registro Estatal de Víctimas, que se repare el daño y se les brinde una compensación justa y suficiente, además de otorgarles atención psicológica y médica especializada durante el tiempo que lo requieran, previo consentimiento de las víctimas.

 

La Comisión Nacional pidió que se colabore con los Órganos Internos de Control y la Contraloría correspondientes en el trámite y seguimiento de las denuncias administrativas que sean presentadas en contra de las personas servidoras públicas responsables.

 

Foto:Archivo-e

LSM