Alejandro Calvillo, director de EPC, aseguró que esa relación era un “contubernio total” y explicó que existen correos electrónicos con los que se demuestra la comunicación de funcionarios de Coca Cola y “altos funcionarios de Cofepris”, en los que hablan tanto del diseño del etiquetado como de las acciones que tomarían como defensa ante una serie de amparos presentados por la propia organización civil y otras asociaciones en 2014 y 2015, según información de entrevista para Aristegui en Vivo.

 

“Yo creo que esto va a pasar a ser parte de los análisis de la historia de la interferencia de las empresas de comida chatarra, específicamente de bebidas azucaradas especialmente Coca Cola”, aseveró Calvillo.

 

Dichas comunicaciones ocurrieron entre 2013 y 2016 y fueron entre altos miembros de la Cofepris, como Patricio Caso y Álvaro Pérez Vega, con directivos de la empresa Coca-Cola, esto con base en un comunicado del Poder del Consumidor, publicado ayer miércoles.

 

El comunicado asegura también que el objetivo de las reuniones fue diseñar el antiguo etiquetado de alimentos (GDA), ampliamente criticado por la sociedad civil, la academia y los organismos internacionales

 

El Poder del Consumidor informa que desde 2011, la industria de alimentos y bebidas no alcohólicas introdujo en el país el etiquetado llamado Guías Diarias de Alimentación (GDA) de manera voluntaria. La primera empresa en hacerlo fue Coca-Cola. Se trataba de un etiquetado formulado y propuesto por la industria de alimentos, que establecía un criterio de azúcar del doble del máximo recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) el cual fue permitido por las autoridades.

 

Después en 2014 y mediante un proceso en el que se excluyó a sectores de la sociedad civil, la academia y los organismos internacionales, y en desapego a la ley, la Cofepris al mando de Mikel Arriola volvió obligatorio el uso de este etiquetado.

 

Mediante solicitudes de acceso a la información, se pidió información sobre la creación de este etiquetado, ante la cual, la Cofepris respondió que éste no había sido elaborado por un grupo de expertos, únicamente por dos abogados y una ingeniera.

 

Calvillo destacó que el acuerdo entre la Cofepris y Coca Cola llevó a México a mantener el GDA durante siete años, aún cuando en México ya se había declarado una emergencia epidemiológica de obesidad y diabetes.

 

Destacó que México fue el primer país en declarar este tipo de emergencia, siendo que “el 70% del consumo de los azucares en la dieta de los mexicanos viene de las bebidas azucaradas”.

 

Javier Zúñiga, coordinador del Área Jurídica de El Poder del Consumidor, declaró que: “Estas interacciones, en las que el actuar de los servidores no es imparcial, sino que privilegia a un tercero, en este caso Coca-Cola, y en el que el interés de la institución, que debería ser la salud pública, es dejado de lado y se anteponen intereses particulares de una empresa, todas éstas representan un conflicto de interés de los exfuncionarios de la Cofepris”.

 

Finalmente Calvillo aseguró que existe esperanza de que el caso enfrenta el grave problema de conflicto de interés, más aún cuando los problemas de salud en México, como el sobrepeso, obesidad y diabetes implicaron graves daños durante la pandemia Covid-19.

 

Foto:Home and Gym

LSM