El Pleno del INAI determinó ejercer este control constitucional, con el cual buscará evitar que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal reserven por seguridad nacional, de manera generalizada y anticipada, la información relacionada con los proyectos y obras que el gobierno lleva a cabo”, expuso órgano de transparencia en un comunicado.

Los comisionados del INAI consideraron que existe el riesgo de que las dependencias del Gobierno Federal que generan información de las obras y proyectos de la actual administración puedan pretender reservar información con base en el acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación, “lo cual vulneraría el derecho de acceso a la información”.

Este decreto, de acuerdo con los comisionados, constituye una posible transgresión al artículo 6º de la Constitución, “en tanto que la seguridad nacional es un presupuesto de reserva de la información, de acuerdo al artículo 113 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública”, por lo que el INAI presentará la controversia constitucional ante la SCJN.

El INAI apuntó que cuenta con un periodo de 30 días hábiles, a partir de este martes, para presentar ante la Corte la controversia constitucional.

El presidente López Obrador, aseguró en su conferencia matutina que el decreto que protege los megaproyectos de infraestructura que impulsa su gobierno “es un acuerdo para agilizar trámites, y que por los trámites burocráticos no se detengan las obras”.

“Que se pueda dar la confianza a las instituciones y a las empresas que están trabajando en el Tren Maya para que los trámites que tienen que hacer para la realización de las obras sean más expeditos, y que se les de también tiempo para presentar toda la documentación”, afirmó el mandatario.

López Obrador afirmó que el acuerdo “no tiene nada que ver con la transparencia” y aseveró que únicamente busca mejorar los procesos entre las dependencias que tienen participación en alguna obra de su administración.

Fotografía:  contralinea

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