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La ciencia no es un delito, el narco sí

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Mientras la instrucción a las Fuerzas Armadas es dejar hacer, dejar pasar a los grupos armados que ejercen la delincuencia organizada, la FGR aplica las leyes que iban a combatir ese mal para perseguir empresarios, científicos y políticos de la oposición

Las leyes construidas para recuperar la paz y la seguridad no están logrando frenar ni inhibir al crimen organizado.

 

Así que el Congreso tiene la autoridad política y el deber constitucional de preguntarle al gobierno y a sus representantes por qué no avanzamos hacia la tierra prometida.

 

Y eso es lo que hicieron el martes 21 de septiembre los senadores en la comparecencia de la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez: cuestionar la estrategia abrazos, no balazos.

 

“Ningún poder fáctico puede estar por encima de la ley ni debe existir control territorial por encima del Estado mexicano”, planteó Josefina Vázquez Mota (PAN).

 

“¡Qué lamentable papel se está obligando a jugar a las Fuerzas Armadas hoy día! Les incendian sus cuarteles sin poder hacer nada. Y mi reconocimiento, secretario general, almirante. ¿Saben por qué? Por su institucionalidad y su disciplina, porque seguramente, y no lo pueden decir ustedes, esas humillaciones las sienten en carne propia”, les dijo el senador Juan Zepeda (Movimiento Ciudadano) a los titulares de la Defensa Nacional, Cresencio Sandoval, y de la Marina, Rafael Ojeda.

 

“Abrazos, no balazos es la cínica confesión de que la 4T entregó la plaza a cambio de quedarse con el poder político, tanta era su ambición que doblaron las manos frente al crimen organizado”, denunció la senadora Lilly Téllez (PAN).

 

Así se atajó el discurso gubernamental que pretende desdibujar al crimen organizado, sea con la justificación de que ir a los problemas de raíz de la inseguridad es un proceso que requiere tiempo o con tramas distractoras de pretendida justicia. Esta semana fue la de los científicos acusados por la Fiscalía General de la República (FGR) de delincuencia organizada. Y hace unas semanas tuvimos la del excandidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya, señalado por el mismo delito.

 

 Porque mientras la instrucción a las Fuerzas Armadas es dejar hacer, dejar pasar a los grupos armados que ejercen la delincuencia organizada, la FGR aplica las leyes que iban a combatir ese mal para perseguir empresarios, científicos y políticos de la oposición, como sucedió con el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca y ahora con el citado panista.

 

No se trata de prejuzgar los presuntos delitos que se les imputan. Pero es evidente que, de comprobarse, se trata de situaciones que no son equiparables al crimen organizado que compra funcionarios, policías y comandantes, cobra derecho de piso, extorsiona, secuestra, viola y asesina.

 

Y pretender la normalización de esa violencia en 50 ciudades del país bajo la expectativa de un cambio social futuro, a cambio de la persecución de personajes presuntamente corruptos, violando el derecho a la defensa y a la presunción de inocencia es una perversión que el Congreso debe parar.

 

Por supuesto que deben ser castigadas, inhibidas y erradicadas las diversas modalidades de la corrupción estructural: sea desvío o despilfarro de recursos públicos; evasión, elusión o condonación de impuestos; enriquecimiento ilícito, abuso de poder o uso de los cargos públicos para los negocios privados.

 

Pero la justicia también significa castigos proporcionales a los delitos cometidos y eso no está sucediendo en México desde que Rosario Robles fue encarcelada por una supuesta falsa licencia y la elucubración de un juez de que podía fugarse.

 

Y la desproporción discrecional de la pretendida lucha contra la corrupción se hizo gigante cuando Emilio Lozoya, artífice de la red de sobornos y del más gordo expediente de tráfico de influencias, fue premiado con la prisión domiciliaria a cambio de delatar a modo a los políticos que interesa perseguir.

 

Por supuesto que el presidente López Obrador y las bancadas de su partido tienen todo el derecho a reformar las leyes que permitieron lo que consideran fue un saqueo. Pero eso no les da vía libre para la retroactividad. Y de esto se trata la historia de los científicos perseguidos, acaso la expresión más grotesca hasta ahora de la narrativa de justicia de la autoproclamada Cuarta Transformación.

 

No en balde el jefe de los morenistas en el Senado, Ricardo Monreal, se deslindó de la inquisición llamando a la FGR y a la autora de este despropósito, aunque ahora reniegue, la directora del Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla, a actuar con juicio, moderación y prudencia.

 

Y lo mismo hizo el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, al aclarar que ésta fue creada para combatir el lavado de dinero y bloquear a quien use recursos ilícitos y “no para investigar instituciones académicas o a sus integrantes, que no se encuentren en dichos supuestos”.

 

Al menos hay quienes comienzan a sonrojarse.

 

“La ciencia no es un delito, el narco sí”, sintetizó la senadora Xóchitl Gálvez (PAN) en una semana en la que se marcaron los límites de una estrategia que debería preocupar a todos: la trivialización del crimen organizado versus la criminalización de los beneficiarios de lo que el gobierno llama “viejo régimen”.

 


Columna de Ivonne Melgar en Excélsior

Foto: Alcanzando Conocimiento

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