El testimonio del sujeto apodado El Pajarraco desnuda las patrañas que Rosario Piedra Ibarra viene inventando sobre el caso Iguala.

Lejos de rectificar, apuntala su sectario compromiso con los explotadores políticos de los deudos violando la legislación y degradando más a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que por desgracia preside.

En su necio empeño, pasa inclusive sobre la normatividad que rige al organismo y usurpa las funciones exclusivas del Ministerio Público, escudándose en la consigna falaz “¡Defendemos al pueblo!” con que remata sus mensajes oficiales.

Como reveló en MILENIO Alejandro Domínguez la semana pasada, Juan Miguel Pantoja Miranda, El Pajarraco, sicario de la banda Guerreros Unidos, en agosto de 2018 rindió su testimonio ante dos visitadores de la CNDH, detallando lo que le consta ocurrió con los normalistas 26 y 27 de septiembre de 2014.

Su versión empata con la esencia de la “verdad histórica” que la 4T, Rosario Piedra, la comisión “de la verdad” y la fiscalía especial insisten en desacreditar.

Pese a que cualquier servidor público de la institución, comenzando por la titular, está impedido para conocer de asuntos por “haber hecho promesas que impliquen parcialidad en favor… de alguno de los interesados, sus representantes…” (artículo 73, fracción VI del Reglamento Interno de la CNDH), Piedra admite que a petición expresa de los padres de Los 43 decidió extinguir la Oficina Especial para el Caso Iguala, prejuzgando sobre el sentido de la Recomendación emitida a finales de 2018, misma que ella desconoce pero descalifica porque no se ajusta a sus demagógicas pretensiones.

Habitual cada que se aproxima la efeméride, ayer, a una semana de cumplirse siete años, improvisa otra promesa: abrir un “expediente” que integrará “bajo las líneas de investigación planteadas e impulsadas por las madres y los padres de los normalistas que, a juicio suyo, no fueron consideradas ni valoradas suficientemente en investigaciones anteriores...”.

Estas acciones recurrentes en su ilegalidad son sancionables administrativa y penalmente. Con descarado cinismo, el boletín reconoce que “la entrevista de un supuesto testigo realizada por la CNDH” figura en la Recomendación 15VG/2018 y “se encuentra mencionada dicha persona doce veces”.

¿Y por qué no es tomada en cuenta? Por lo contrario, rechaza “la pretensión de revivir en medios de comunicación la denominada verdad histórica, a partir de algunos testimonios de personas que en su momento fueron privadas de la libertad, pero que además ya fueron refutados científicamente de manera contundente…”.

Tal descocada calidad le concede a la opinión patito del peruano José Luis Torero en el basurero de Cocula, rebatido de manera aplastante por especialistas mundialmente acreditados. Abrir expedientes sobre un caso resuelto no tiene precedente.

La CNDH agotó la investigación y emitió recomendaciones que fueron aceptadas por las autoridades y solo puede darles seguimiento. Lo demás es puro y execrable cuento. 

Columna de Carlos Marín en Mielnio

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