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Duda Fundación de ficha roja de Interpol contra la familia Jenkins

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Exige que se acate la suspensión que ordenó un juez federal y se le devuelva la administración del campus de la Universidad de las Américas Puebla

Puebla, Pue.- No existe evidencia de que sea verídica la solicitud o emisión de fichas rojas de la Interpol para capturar a los integrantes de la familia Jenkins y sus abogados, como se dio a conocer la mañana de este lunes.

Así lo expuso la Fundación Mary Street Jenkins a través de un comunicado, en el que expuso que corresponderá a esta corporación precisar la veracidad de dicha información.

O en todo caso señalar si “alguien está usurpando su nombre para propagar infundios que se han hecho circular de forma anónima entre los medios de comunicación, evidenciando una intención

difamatoria para desviar la atención de la opinión pública sobre el desacato a la orden judicial federal que obliga a devolver las instalaciones universitarias ilícitamente tomadas por el estado de Puebla”.

En su escrito, la Fundación reiteró la exigencia para que se dé cumplimiento a la suspensión que ordenó un juez federal y se devuelva la administración del campus de la Universidad de las Américas (UDLAP), propiedad privada, a la Fundación Mary Street Jenkins.

Este lunes se dio a conocer que la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó a la Organización Internacional de Policía Criminal -INTERPOL- la emisión de la ficha roja para localizar y capturar en más de 190 países del mundo a los integrantes de la familia Jenkins.

Ello se derivaría de las órdenes de aprehensión libradas por un Juez de Control Federal con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México, y por un Juez Penal del Estado de México, por su participación en los delitos de lavado de dinero y fraude.

La Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada de Puebla denunció a los integrantes de la familia Jenkins y sus abogados por desfalco de más de 720 millones de dólares de la Fundación Mary Street Jenkins.

Cabe señala que la Junta nombró a un nuevo patronato para administrar uno de los bienes, el campus de la UDLAP, y el 29 de junio tomó el control administrativo de las instalaciones universitarias por orden de un juez de la ciudad de México.

Los Jenkins iniciaron un proceso legal y han señalado que obtuvieron la suspensión de ese acto a través de un juicio de amparo por lo que deben recuperar el control de la universidad.

Sin embargo el litigio aún no se ha resuelto y las instalaciones de la universidad siguen en posesión del órgano designado por la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada.

 

Foto: archivo m

 

gse

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