Mis respetos para el ministro Juan Luis González Alcántara. Llegó a la SCJN en tiempos de la 4T y con el voto de legisladores de la coalición Juntos Haremos Historia. Los morenos y sus aliados daban por sentado que todo lo votaría a favor de los designios de Palacio Nacional. Se equivocaron. A diferencia de YSQ en la Corte, el hombre tiene claro que por encima de lealtades políticas está la defensa del orden constitucional. Fue exactamente lo que hizo al desechar la controversia presentada por el Congreso de Tamaulipas en contra del procedimiento de desafuero del gobernador Cabeza de Vaca, acusado del delito de lavado de dinero. Eso contrarió a Morena, al fiscal Gertz Manero y, sobre todo, al Presidente. Lo querían en la cárcel ya. No ocultan su frustración en contra del Poder Judicial, convertido en dique de los caprichos de López Obrador y su rebaño en el Congreso.

“El Poder Judicial tiene que resolver con claridad. Nada de ambigüedades, nada de estar retorciendo la ley. Con claridad, no a lo leguleyo”, dijo molesto López Obrador, en la mañanera. El fiscal Gertz presentó un recurso de reclamación ante la SCJN. El diputado Ignacio Mier amenazó con poner una “queja administrativa” contra el ministro González Alcántara.

Le echaron toda la carrocería.

* ¿Por qué nos quitamos el sombrero ante el ministro González Alcántara? En la SCJN nos explicaron que las controversias constitucionales se hacen cuando dos autoridades se reclaman por invasión de competencia. González Alcántara consideró que no había ese problema de competencia y, por lo tanto, no tenía interés legítimo para poder reclamarlo. Por eso lo desechó.  Esto no quiere decir que tenga o no la razón el Congreso de Tamaulipas. En eso no se mete. Lo dice expresamente. Lo que molestó al Presidente, a Mier y al fiscal Gertz es el párrafo elaborado por González Alcántara que dice: 

“Lo procedente es desechar la demanda promovida por el Poder Legislativo de Tamaulipas por falta de interés legítimo, sin que esta determinación prejuzgue sobre la culpabilidad o no respecto del ilícito que se le menciona, pues existe la oportunidad de llevar a cabo el procedimiento penal, una vez que el servidor público concluya su cargo”.

La Constitución, en su artículo 111, fracción quinta señala, además, que para proceder contra un gobernador se necesitan dos pasos: 1.- Que el Congreso se pronuncie y envíe la declaración de procedencia a la legislatura local y  2.- Que se lo mande al Congreso local, para que en ejercicio de sus atribuciones, proceda como corresponda. La legislatura local hizo lo que la Constitución le permite. Decidió no continuar con el proceso penal. Más del citado artículo 111: “Si la resolución de la Cámara fuese negativa, se suspenderá todo procedimiento. Pero ello no será obstáculo para que la impugnación por la comisión del delito continúe cuando el inculpado haya concluido el ejercicio de su cargo”. “El ministro no inventó nada. Así lo dice la Constitución”, sintetizan en la Corte. ¿Retorcer la ley?

* El recurso que presentó el fiscal general ante la SCJN pide que se revoque la decisión del ministro. Quiere, en concreto, que se eliminen las líneas en las que González Alcántara señala: “Lo procedente es desechar la demanda promovida por el Congreso local de Tamaulipas por falta de interés legítimo, sin que esta determinación prejuzgue sobre la culpabilidad o no respecto del ilícito que se relaciona, pues existe la oportunidad de llevar a cabo el procedimiento penal una vez que el servidor público concluya en su cargo”.

Alega que trae consigo una intromisión en el ámbito de competencia del Ministerio Público de la federación. ¿Lo trae?

* Quince días después del derrumbe de la Línea 12 del Metro —26 muertos, 79 heridos— el presidente López Obrador pidió perdón a las víctimas y sus familias. “Les pido perdón todos los días y lamento mucho estas desgracias, no como autoridad, como persona, deseo que nadie sufra, es mi convicción que nadie pierda la vida”, dijo. Más vale tarde que nunca.

* Durante el lanzamiento de la convocatoria a periodistas para participar en el Programa Piloto de Apoyo al Periodismo de Investigación (PPAPI) 2021 —lanzado por la Unesco, el Inai y la embajada del Reino Unido, el vocero de Presidencia, Jesús Ramírez Cuéllar, se aventó la siguiente puntada: “Para tener un país libre y sociedades abiertas, necesitamos periodistas libres y plenos, no sólo que no sean amenazados por el poder o que estén perseguidos por diferentes agentes, formales e informales, estatales o no estatales, sino que también puedan tener la libertad económica y la posibilidad de desarrollar sus capacidades para la investigación”.

¿Periodistas libres como los de la mañanera, Jesús? ¿Ése es tu modelo de periodismo de investigación? ¿Atacar y desprestigiar la crítica al Presidente y su gobierno? Lo que hay que escuchar…

Columna de Francisco Garfias

Excélsior

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