Puebla, Pue.- El Consorcio Universitario, compuesto por seis universidades públicas y privadas de la entidad, criticaron la iniciativa de Ley de Educación de Puebla que el gobernador Miguel Barbosa Huerta envió al Congreso del Estado para su estudio y eventual aprobación.

Los rectores de las instituciones Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (Upaep), Universidad de las Américas Puebla (Udlap), Universidad Iberoamericana de Puebla (Ibero), Universidad Anáhuac y Universidad Madero (Umad), fijaron su posicionamiento.

"La iniciativa presenta disposiciones de carácter general que no reconocen a los particulares ningún derecho, excepto el de impartir educación en sus diversos tipos y modalidades. Algunas de las obligaciones introducidas resultan excesivas", dice el documento.

Condenaron que la propuesta sea impositiva, de sobrerregulación y violatorios de aspectos legales, por parte de la Autoridad Educativa Estatal respecto a los planteles y programas, lo cual contraviene el principio de libertad académica.

También señalan que los Reconocimientos de Validez Oficial de Estudios (Rvoes) se otorgarán cuando los solicitantes cuenten con planes y programas de estudio que la autoridad considere procedentes, lo que rechazan los rectores universitarios.

En la reglamentación propuesta por el gobernador destaca la regulación de las cuotas escolares que deberá de cobrar una institución en cada nivel educativo, además de que para escuelas públicas como la BUAP, contempla mecanismos legales para obligar a su fiscalización por parte de la Auditoría Superior del Estado (ASE).

La propuesta del gobernador Miguel Barbosa se presentó después de que la Comisión de Educación del Congreso iniciara el análisis de una propuesta de ley elaborada por el Poder Legislativo, donde inicialmente se incluían únicamente aspectos como la regulación de colores en uniformes, vigilancia de la infraestructura educativa y el castigo a las escuelas que retuvieran documentos en caso de adeudo en las colegiaturas.

Sobre la atribución de la Secretaría de Educación Pública, manifestada como Autoridad Educativa Estatal, el análisis del Consorcio Universitario señala que algunos puntos dentro de la ley son contradictorios, invasivos con disposiciones federales o incluso duplican actividades que ya tienen una regulación previa.

"Incrementa atribuciones de supervisión y vigilancia a la Autoridad Educativa Estatal respecto a los planteles y programas, incluso aquellos que no pertenezcan al Sistema Educativo Estatal. Eso resulta contradictorio con el artículo que establece que todas las instituciones de la entidad pertenecen a dicho sistema (...) Todo esto afecta a los principios de certeza jurídica, simplificación y equidad entre los diversos tipos de instituciones", acotaron.

"Se violenta el principio de legalidad que tutela al gobernado para que jamás se encuentre en una situación de incertidumbre jurídica y, por tanto, en estado de indefensión (...) al no establecerse o definirse los conceptos básicos, la omisión acarreará interpretaciones y alcances arbitrarios por parte de la autoridad en perjuicio de las instituciones privadas", recalcaron.

Por lo anterior, el Consorcio Universitario hizo un enérgico llamado a las autoridades estatales, que incluye al gobernador Miguel Barbosa Huerta y a los integrantes del Congreso del Estado, para tener un diálogo abierto sobre esta nueva Ley de Educación de Puebla, a fin de reconstruir los puntos que vulneran aspectos esenciales de la administración y violan aspectos legales como la obtención de recursos propios.

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agb