• Puebla

Es oficial: sube a 8.50 costo del pasaje del transporte público

  • Fernando Castillo
El “Acuerdo para la dignificación del trasporte público”, señaló que se mantendrán descuentos a personas con discapacidad y de la tercera edad

Puebla, Pue.- El secretario de Movilidad y Transporte, Guillermo Aréchiga Santamaría, encabezó este domingo la rueda de prensa en Casa Aguayo donde se anunció que en acuerdo con trasportistas se pactó un aumento de 8.00 pesos para van y $8.50 pesos a microbuses y camiones, que aplicará a partir del 12 de octubre.

Al dar lectura al “Acuerdo para la dignificación del trasporte público”, señaló que se mantendrán descuentos a personas con discapacidad y de la tercera edad.

Las unidades deberán contar con posicionamiento GPS, cámaras de vigilancia, y botones de pánico en las unidades, y que sean vinculados a las distintas corporaciones de seguridad.

Asimismo, como requisito indispensable es que las unidades sean modernizadas.

Señaló que no serán autorizados tampoco las unidades conocidas como mototaxis, los cuales no podrán circular como trasporte público.

El aumento entrará en vigor después de cinco días de su publicación en el Diario Oficial del Estado, es decir a partir del 12 de octubre, asimismo, los concesionarios tendrán un plazo de 120 días para modernizar las 13 mil unidades que circulan del transporte público que circulan en la entidad.

En conferencia de prensa el funcionario estatal justificó que el gobierno que encabeza Miguel Barbosa Huerta, fue responsable en comparación con las administraciones panistas para asumir el aumento a la tarifa del transporte público y aseguró que la decisión fue “populista” ya que se consensó a la sociedad poblana y también la de los concesionarios.

“Más bien diría que el aumento a la tarifa del transporte público fue una decisión populista, que también las hay de derecha, como muchas que impidieron las que se tomaran las decisiones cinco gobernadores anteriores en más de nueve años”, sostuvo.

Aréchiga Santamaría, indicó que el condicionamiento para el aumento al transporte público es que los concesionarios tendrán que modernizar sus unidades en un plazo de 120 días, equiparlos con herramientas de seguridad como son botones de pánico, videocámaras de seguridad, las cuales estarán conectadas al C5, además los chóferes deberán renovar cada seis meses la carta de antecedentes no penales.

Transportistas deben mejorar la seguridad para usuarios: Barbosa

Los concesionarios del transporte público tienen un plazo de cuatro meses para cumplir con el acuerdo que se firmó con el  Gobierno del Estado, el cual, además de contemplar el aumento de la tarifa, incluye mejoras en las condiciones de las unidades, afirmó el gobernador  Miguel Barbosa Huerta.

El acuerdo con los transportistas, precisó el titular del Ejecutivo, incluye la modernización de las unidades, la colocación de alarmas, cámaras de videovigilancia y sistemas GPS, medidas con las que se generarán condiciones de seguridad para los usuarios.

En caso de no cumplir con estas condiciones, Barbosa Huerta sentenció que se procederá la cancelación de las rutas de viaje y de las concesiones, las cuales, sostuvo, se revisan las condiciones bajo las que se entregaron por gobiernos pasados.

“No podíamos detener ya un aumento de la tarifa, que más que aumento es un acuerdo entre el transporte y el gobierno porque tiene que ver con modernización del transporte, con asuntos de tecnología para la seguridad de la gente, alarmas, cámaras, GPS, revisar el tema de las rutas tan corrompidas, revisar los permisos. Es un acuerdo muy grande con el transporte para revisar y va a derivar en muchas cosas, la cancelación de rutas, si fueron otorgadas con corrupción, de concesiones estamos en un proceso de revisión de todo”, señaló Barbosa Huerta.

El mandatario estatal aseveró que su gobierno es consciente del costo político del incremento en el precio del servicio, pero que la medida es parte del combate a la corrupción que inició, y que tras ocho años en el que no se atendió el tema, sólo se provocó el “achatarramiento del transporte”.

“Un gobierno tiene decisiones que debe de asumir, el tema de una cuota sostenida por ocho años, qué consecuencias tuvo, el achatarramiento del transporte, estamos conscientes de todo lo que puede implicar socialmente, lo asumimos, pero son decisiones que se tiene que tomar, cero corrupción, porque no vamos a permitir que siga siendo el tema del transporte el lugar donde se aloja la corrupción más fuerte en los Gobiernos del Estado”, apuntó el gobernador.

Foto: Archivoe

cdch/clh

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