San Andrés Cholula, Pue.- En un acto sin precedentes, que no se había dado en más de 100 años en de la vida jurídica, política y de gobernanza en Puebla, un grupo de 100 especialistas en derecho, leyes, reformas constitucionales, violencia de género, violencia a niñas y niños, a indígenas, personas con discapacidad y derechos humanos, en un serial de foros municipales y regionales, arribaron a una conclusión que no tiene mañana, que no puede ni debe quedar en papel o únicamente en una memoria que vaya al “archivo del olvido”.

Hoy, después de 100 años de que la Constitución de Puebla no ha tenido cambios reales, de fondo y estructurales para la división de Poderes y los derechos humanos, se trazó el camino y sentó las bases en la edificación, diseño y elaboración jurídica y legal de una nueva Constitución para Puebla.

Con ello, el Estado estará a la vanguardia en materia constitucional y de respeto total a la división y autonomía de los Poderes Ejecutivo, Judicial y Legislativo, como de los órganos autónomos.

FORO DE SEGURIDAD, JUSTICIA Y REFORMA

Tocó al Maestro en Derecho y Doctor en Administración Pública, Ernesto Ramírez López, leer las conclusiones del Foro “Seguridad, Justicia y Reforma” y entregar el documento a Barbosa Huerta, candidato de MORENA.

Y él –Barbosa- se comprometió hacerlo suyo e implementarlo en su gobierno, si el voto de los poblanos lo llevan a mandatar la entidad para el periodo 2019-2024.

Los ponentes expusieron: existe en Puebla una gama de necesidades en materia normativa. Y el mayor abuso, que día tras día se infringe a la normatividad, parte del orden constitucional, por lo que se requiere una profunda revisión al ser el que otorga identidad en el contexto del federalismo.

Un caso lo ejemplifica plenamente y éste deriva del artículo 57, fracción V, que da al Congreso la facultad de otorgar FACULTADES EXTRAORDINARIAS al Gobernador, lo que conlleva a la antesala para que asuma facultades de los Poderes Judicial y Legislativo.

Por lo que, ante el ingreso de la Guardia Nacional y la necesidad del fortalecimiento del estado  de fuerza y la capacidad institucional deberán sentar las bases que permitan la participación ciudadana tal y como se ha asumido en los “Compromisos por la Seguridad Pública en las Américas”.

Las autoridades se han limitado a reproducir las normas federales y han dejado de lado su instrumentación. Faltan los derechos de garantía de la aplicación de los derechos humanos; el responder ¿cómo hacer efectivo un derecho humano? Sencillamente no se ha cumplido.

Además, habrá un protocolo de investigación con perspectiva de género del delito de feminicidio que contendrá parámetros y procedimientos de investigación, que deberán realizarse ante casos de muertes de mujeres, incluidas aquellas que al parecer fueron causadas por motivos criminales, suicidio y accidentales, acorde a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de “Las Muertas de Juárez” y que se adapte a la realidad que aqueja a Puebla.

Los indígenas demandan que existan medidas de adaptación y criterios que los protejan en su condición de indígenas, como el tener traductores y que los jueces al dictar sentencias consideren sus costumbres, tradiciones y elementos culturales que pudieron incidir en cada conducta que se juzgue.

También es fundamental que los juzgadores lleven a cabo procedimientos de protección de derechos para las personas con discapacidad, abandonando la perspectiva asistencialista para entrar al modelo social y de los derechos humanos; y realizar ajustes en la ejecución de sus sentencias con una justicia especializada y basada en la perspectiva de discapacidad, trato no discriminatorio, sistemas de apoyo y salvaguardas para evitar figuras de discriminación múltiple.

A nivel federal el 70% de desaparecidos son hombres y en Puebla el 60% SON MUJERES. A la entrada del Nuevo Sistema Penal, existen en el Estado 1,500 carpetas de investigación por desaparición. Lo que lleva a dar los pasos para instalar políticas de prevención y generación de protocolos de investigación en la presunta desaparición forzada o desaparición llevada a cabo por particulares, adaptándola a la realidad de nuestra entidad federativa.

Porque un protocolo homologado es un error. Puebla es diferente en cada región. Por eso, se propone que Puebla cuente con un protocolo que tenga los siguientes objetivos:

Privilegiar la investigación inmediata, especializada y coordinada bajo responsabilidad directa del servidor público. Establecer la forma de sistematizar las estadísticas de los delitos contra mujeres desde perspectiva de género. Prever procedimientos claros de atención integral y sensible a la mujer desde las instituciones. Tener mecanismos de recolección de datos. Establecer las necesidades de fortalecimiento institucional y estrategias integrales para erradicar la violencia y discriminación contra las mujeres; el estatus de acceso a la justicia por parte de las víctimas y la forma en que propician la impunidad. La identificación de la ruta de causas y modo de operación del trasiego, extorsión y trata de personas. Creación de la Fiscalía en Delitos de Género.

En las mesas del foro se expuso que si bien Puebla demanda reconciliación, también es urgente que se reconozca en el marco jurídico el deber de PROSCRIBIR LA PERSECUCIÓN POLÍTICA y modificar el abusivo mecanismo de elección del Fiscal General y REINVINDICAR LA DIGNIDAD de los Poderes del Estado dejando fuera al Gobernador de la elección de magistrados, para garantizar la autonomía del Poder Judicial, además de asegurar las garantías de independencia y -como lo ha ordenado la Suprema Corte de Justicia de la Nación- se privilegie la carrera judicial en la elección de magistrados.

Se ha propuesto  que el Tribunal Superior de Justicia –TSJ- ADMINISTRE a totalidad su presupuesto.

Aunado a la imperiosa y urgente necesidad de que el Tribunal Superior de Justicia y el Congreso del Estado cuenten con un Plan de Desarrollo –medible y fiscalizable-, que permitirá darle rumbo a la impartición de justicia como a la legislación.

Cancelar de la Constitución contratos de servicios de largo plazo… resulta prioritario retirar de la Constitución redacción de los contratos de servicios de largo plazo como única opción para los gobiernos, donde se garantiza el pago a proveedores y prestadores de servicios a través de comprometer las futuras recaudaciones y participaciones federales.

También se visualiza la inédita figura de presupuestos plurianuales destinados al combate a la pobreza, tal y como sucede en otros países del mundo, pero no en México; también aplicarlo a seguridad pública y que exista un maridaje entre planeación, medición de resultados y el gasto.

Asimismo, se propone modificación de disposiciones que permitan facultades discrecionales a la Auditoría Superior del Estado, las cuales hasta hoy han sido utilizadas para subordinar a los municipios y a todo aquel funcionario y directivo que NO SIRVA CON SUMISIÓN a los intereses del Gobernador y cambio recibirá nuevas tareas como la evaluación de las políticas para erradicar la discriminación y la violencia de género.

Se vislumbra  un Congreso del Estado con perspectiva y compromiso con la federación, por lo que se hará uso del derecho de iniciativa para impulsar Reformas Constitucionales como el mandato revocatorio, eliminación del fuero, regulación del acto de policía desde la perspectiva de género y su necesaria regulación al ingreso de la Guardia Nacional.

Se propondrá incorporar a la Constitución los presupuestos participativos y los principios presupuestales para atender las funciones redistributivas, y los principios de austeridad, racionalidad y disciplina presupuestal.

Amén de cerrar la brecha del municipio en la Constitución Poblana y la reforma de 1999. Y se reincorporará en el orden Constitucional al Gobierno de los Pueblos… las Juntas Auxiliares.

Puebla se pondrá a la vanguardia nacional y transitará con un gobierno humano, de puertas abiertas para todas y todos. Y donde la justicia estará al alcance de niñas, niños, adolescentes, mujeres, hombres, adultos, indígenas y discapacitados, sin exclusiones ni privilegios.

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