Puebla, Pue.- Los tres aspirantes a gobernar Puebla vienen de procesos internos que fracturaron a las fuerzas políticas que los impulsan en este momento. Luis Miguel Barbosa Huerta no logró la suma de Alejandro Armenta Mier, quien acusa la intromisión de autoridades estatales a favor del ex senador; Enrique Cárdenas es rechazado por grupos del PAN y del PRD; y Alberto Jiménez Merino tampoco consiguió la suma de su compañero priista Enrique Doger Guerrero.

Los 4.4 millones de poblanos que estarán en posibilidades de regresar a las urnas el 2 de junio para elegir gobernador, tendrán por opción al abogado Barbosa Huerta de la coalición Juntos Haremos Historia por Puebla –Morena, PVEM y PT-; al doctor en Economía, Enrique Cárdenas a través de la candidatura común del PAN y PRD; y al ingeniero agrónomo Jiménez Merino por el Revolucionario Institucional.

Puebla nuevamente está en la mira nacional, porque aunque este año habrá elecciones en seis entidades del país, sólo aquí y en Baja California se elegirá gobernador, los primeros tras la toma de protesta de Andrés Manuel López Obrador como presidente de la República.

El proceso electoral que nuevamente vive Puebla, organizado en esta ocasión de manera directa por el INE, tendrá un costo de 700 millones de pesos, de acuerdo con estimaciones del secretario de Finanzas, Jorge Estefan Chidiac.

La oferta para los poblanos

Enrique Cárdenas no ha ganado una sola elección constitucional al ser la primera ocasión que participa; su desempeño ha sido académico, como rector de la Universidad de la Américas Puebla (Udlap). Luis Miguel Barbosa fue diputado federal y senador de la República pero a través de la vía de representación proporcional y, por mayoría del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), perdió la gubernatura el año pasado ante Acción Nacional.

Por su parte, Jiménez Merino ha ganado cargos de elección popular y cuenta con 27 años de trayectoria en la administración pública. Sin embargo, en este momento representa al partido que figura en el tercer lugar de las preferencias electorales, muy por debajo de la intención de voto que de acuerdo con la mayoría de las encuestadoras, favorece por más de 20 puntos de diferencia a Barbosa Huerta.

Enrique Cárdenas y Barbosa Huerta comparten su aversión por el morenovallismo, grupo político liderado en su momento por el ex gobernador, Rafael Moreno Valle, quien a partir de 2011 gobernó Puebla. En 2017 dejó como sucesor a José Antonio Gali Fayad, quien al concluir su gestión le heredó la estafeta a la panista Martha Erika Alonso Hidalgo. Pero, a partir del 24 de diciembre, cuando se desplomó el helicóptero en el que viajaban Moreno Valle y su esposa, el escenario político de Puebla se modificó.

Las diferencias políticas de Barbosa Huerta con su ex aliado Moreno Valle iniciaron antes del proceso electoral del año pasado y escalaron durante la campaña a la par que la polarización de los poblanos.

Este día, durante su registro, el abanderado –por segunda ocasión- de Morena a la gubernatura llamó a la reconciliación pero aprovechó para advertir que el poder nunca más servirá para hacer el mal.

“Al poder público hay que quitarle la fatuidad, la fantochería, hacer del ejercicio público algo cotidiano y humano, nunca más el poder para hacer el mal, para el espionaje ni para beneficio personal”, expresó el abanderado originario de Zinacatepec, uno de los municipios más pobres de la entidad y de donde migró de niño para estudiar.

Mientras en la campaña del año pasado lo cuestionaron por el origen de su riqueza y tuvo en ese momento como adversario al priista Enrique Doger Guerrero, recientemente  la competencia la enfrentó en casa, a través del ex priista Alejandro Armenta Mier, quien expuso ante medios de comunicación que los resultados de la encuesta presentada por la dirigencia nacional de Morena son distintos a la interpretación oficial.

El ex dirigente del PRI sostuvo que Morena optó por el candidato más conocido, pero no por el más competitivo. Amenazó con llevar sus observaciones ante la comisión de Comisión de Honor y Justicia del Movimiento de Regeneración Nacional, al señalar que la dirigencia nacional fue parcial durante el proceso interno y porque hubo injerencia del gobierno estatal a favor de Barbosa Huerta.

Armenta ha señalado la supuesta intromisión del gobierno del estado en el proceso interno, a través de personajes como el Secretario General de Gobierno, Fernando Manzanilla, acusación que fue secundada en días pasados por el diputado local José Juan Espinosa Torres, a quien la semana pasada el Congreso Local con mayoría de Morena le inició un Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades, por observaciones en su cuenta pública de cuando se desempeñó como presidente municipal de San Pedro Cholula.

Así, mientras el líder nacional del PAN, Marko Cortés advirtió que Puebla enfrenta una nueva elección de estado, su homóloga de Morena, Yeidckol Polevnsky, afirmó que no existen elementos que sostengan la posibilidad de que ahora el gobierno interino de Puebla trabaje a favor del proyecto político de Miguel Barbosa.

Tras la muerte de Martha Erika, el Congreso Local nombre gobernador interino al priista Guillermo Pacheco Pulido, quien tiene por secretario general de gobierno a Fernando Manzanilla, cuñado del extinto Moreno Valle, de quien se distanció públicamente años atrás.

Por su parte, el priista Jiménez Merino ha confiado en que las autoridades estatales permanezcan al margen del proceso electoral.

En el nuevo escenario político poblano, donde los grupos de poder están en reacomodo, esta semana apareció públicamente, el ex gobernador de Puebla, Mario Marín Torres, tras nueve años de exilio político por el famoso por escándalo con Lydia Cacho.

Debido a que algunos de sus hombres cercanos se sumaron al proyecto de Miguel Barbosa, éste afirmó que no tiene vínculos con el ex mandatario poblano, quien le robó cámara a Jiménez Merino durante su toma de protesta como candidato a la gubernatura.

Puebla busca gobernador y el nuevo, entrará en funciones a partir del mes de agosto, porque así lo ordenó el Congreso Local. 

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