San Andrés Cholula, Pue.- Al menos 47 propietarios de inmuebles, ubicados en San Bernardino Tlaxcalancingo y San Antonio Cacalotepec se verán afectados por una orden de expropiación de  52 mil 131.092 metros cuadrados de la lateral a la vía Atlixcáyotl que autorizó el cabildo de San Andrés Cholula, con la intención es edificar una ampliación de esta vialidad.

No obstante, la expropiación no ha seguido todos los lineamientos que marca la ley. Por ejemplo, se aprobó por mayoría de votos en sesión de Cabildo el 2 de octubre y fue publicada casi de inmediato en el Periódico Oficial del Estado el 3 de octubre, es decir, sólo un par de horas después de ser aprobada, a pesar de que la ley marca la publicación de edictos en un diario de mayor circulación.

A pesar de que la ley establece que se les informe a los afectados, para que se respete la garantía de audiencia, y estén al tanto de cómo se afectará su derecho de propiedad, los 47 propietarios fueron notificados fuera de tiempo de la expropiación de sus terrenos. Se enteraron al ver el inicio de la obra en el puente subterráneo que atraviesa la autopista Puebla-Atlixco.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) calificó de absurda la excusa de las autoridades, la cual fue no conocer el domicilio de los propietarios. También aclaró que no habrá justificación de expropiación, a pesar de ser clasificada como beneficio público, si se afectan los derechos individuales.

Según el Periódico Oficial del Estado, el proyecto tiene como propósito, reducir el tiempo entre un destino y otro, así como aligerar el tránsito vehicular. Esto implicaría la expropiación de las zonas mencionadas, para ampliar la vía Atlixcáyotl.

En el Periódico Oficial del Estado se puede leer que la obra implica la construcción de tramos de pavimento rígido de concreto hidráulico armado sobre las dos laterales: norte y sur de la vía Atlixcáyotl, en seis polígonos. La intención es desahogar el tránsito vehicular que se origina en la zona reduciendo los tiempos de traslado a diversos destinos, a través de la ampliación de los carriles.

Es así como serán expropiados bajo el argumento de “causa de utilidad pública”, con indemnizaciones que van de los 17 mil a los  22 mil pesos como mínimo, y máximos de 11.3 y 18.1 millones de pesos.

dp