Amnistía Internacional México hizo un llamado a la CFE a reconsiderar el uso del sistema de justicia penal y valorar una resolución por la vía alterna, luego de la denuncia interpuesta ante la Procuraduría General de la República (PGR) contra 8 integrantes de la Unión de Cooperativas Tosepan (TOSEPAN), el Comité de Ordenamiento Territorial integral de Cuetzalan (COTIC) y del Movimiento Indígena Obrero, Campesino, Urbano y Popular (MIOCUP).

Dicha denuncia está sustentada en el hecho de que entre noviembre de 2016 y octubre de 2017 la Asamblea de Pueblos Maseual Tutunaku y Mestizo, instaló un campamento de protesta pacífica contra la construcción de una subestación eléctrica y línea de alta tensión de la CFE.

En su defensa el Pueblo Maseual dijo que la obra se estaba realizando sin su consentimiento y sin antes haber realizado una consulta libre, previa e informada con las comunidades.

Tania Reneaum Panszi, Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional México, dijo que estos hechos evidencian que cuando las personas defensoras alzan la voz en contra de obras que afectan directamente sus derechos, su tierra y el territorio en el que habitan, inicia una narrativa negativa en su contra para señalarlos como desestabilizadores del desarrollo. No solo se les criminaliza sino se inician procesos penales en su contra, con miras a disuadir el ejercicio de sus derechos de asamblea y libertad de expresión”

Por ello, hace un llamado a la CFE para reconsiderar el uso del sistema de justicia penal en este caso y valorar su resolución por una vía alterna.

Por otra parte, la organización instó a autoridades adoptar inmediatamente medidas de protección efectivas y coordinadas para garantizar la seguridad e integridad de personas integrantes de la TOSEPAN, el COTIC y el MIOCUP de acuerdo a sus propios deseos para que puedan seguir realizando su labor de defensa sin temor a recibir represalias.

MJ