Desde un secretario estatal de Seguridad Pública, hasta funcionarios municipales han sido señalados y otros detenidos por tener presuntos vínculos con el huachicol, actividad que ha crecido la incidencia delictiva en el estado y provocó que el pasado 2 de mayo, el gobierno estatal tomara el control de la Seguridad Pública del municipio de San Martín Texmelucan.

El viernes, el edil Rafael Núñez Ramírez de San Martín Texmelucan declaró que la  intervención fue de “dudosa legalidad” y tardía por parte del estado, porque desde octubre del año pasado en su calidad de edil giró más de 60 oficios a autoridades federales y estatales solicitando apoyo para frenar el avance de la delincuencia organizada en la región.

Sin embargo, el edil nunca ha respondido si tenía conocimiento de que autoridades municipales ocultaron evidencia a las estatales que vinculaba a los policías de Texmelucan con la detención y ahora hasta el asesinato de tres presuntos huachicoleros de la banda “Los Villegas”.

Historia de impunidad

Fue desde julio de 2015 que el Ejército detuvo a Marco Antonio Estrada López y Tomás Méndez Lozano, director y Jefe de Grupo de Operaciones Especiales de la Policía Estatal Preventiva de Puebla por su relación con la comisión del delito de robo de combustible a Petróleos Mexicanos.

Los jefes policiacos al mando del entonces secretario estatal de Seguridad Pública, Facundo Rosas, rindieron declaración ante la Procuraduría General de la República (PGR) por estar presuntamente implicados en la ordeña clandestina de ductos en el llamado Triángulo Rojo.

Aunque Facundo Rosas nunca fue acusado por las autoridades federales de algún delito relacionado con la comercialización ilegal de hidrocarburo, optó por presentar su renuncia, luego de que varias organizaciones solicitaran a distintas instancias le investigaran por sus antecedentes.

El Observatorio Ciudadano Laboral Poblano exigió le abrieran un expediente de investigación porque desde que asumió el cargo de secretario de Seguridad Pública en el sexenio anterior, el número de tomas clandestinas en Puebla se disparó por arriba de Tamaulipas “donde el narcotráfico ha diversificado su negocio con el robo de combustible”, manifestó en su momento Marco Mazatle.

Marco Antonio Estrada y Tomás Méndez fueron detenidos en julio de 2015 cuando presuntamente custodiaban el robo de combustible de la banda de “El Gasparín”, en Tepeaca.

En su momento, trascendió que al declarar ante la SIEDO, Estrada López responsabilizó a Facundo Rosas de operar a favor de la banda “El Gasparín”. Para enero de 2016, el declarante obtuvo el amparo del Poder Judicial Federal que dejó sin efecto el auto de formal prisión dictado por el delito de robo de vehículo.

El 29 de julio, días después de la detención, Facundo Rosas renunció: "Decidió separarse del cargo con la finalidad de que las investigaciones que se llevan a cabo por parte de la Procuraduría General de la República y la Procuraduría General de Justicia del Estado, sobre los hechos acontecidos el 15 de julio en el municipio de Tepeaca, queden esclarecidas sin duda de parcialidad alguna."

En abril de 2017, balearon la gasolinera de Eduardo Morales Genes, hermano del entonces alcalde de Palmar de Bravo, Pablo Morales Ugalde.

El establecimiento ubicado en el kilómetro 80+00 de la carretera federal Puebla-Tlaxcala, en el municipio de Tlacotepec de Benito Juárez, recibió más de 300 impactos de bala de grueso calibre y en ese momento estaba en revisión por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT) por presuntas inconsistencias legales.

El 28 de mayo, Petróleos Mexicanos notificó que rescindió el contrato a tres de las cuatro gasolineras propiedad del edil  Morales Ugalde porque encontró inconsistencias entre el combustible que se surtió y las ventas que tuvieron; presumía comercialización de combustible robado en las estaciones.

Para el 5 de julio, el edil postulado por el partido Pacto Social de Integración (PSI) fue detenido por agentes de la Procuraduría General de la República (PGR) y de la Subsecretaría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido), por la presunta venta de combustible robado en sus gasolineras.

Alonso Israel Lira Salas, titular de la Seido declaró que la orden de aprehensión contra Morales Ugalde la libró el juez porque no pudo comprobar un monto de 20 millones de pesos en sus cuentas bancarias.

El juez de control en la Sala Primera de la Casa de Justicia Federal de Xalapa, Veracruz, lo vinculó a proceso por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, porque encontró indicios de que depositó grandes cantidades de dinero en cuentas bancarias de su hija y de un empleado.

En septiembre del año pasado, La Silla Rota reveló a través de un video el contubernio en que trabajaban el líder huachicolero “El Loco Téllez” con policías municipales de San Martín Texmelucan. Y, es que para esa fecha, el negocio del huachicol había migrado del Triángulo Rojo a la región de Texmelucan.

Incluso, en los primeros días de octubre del año pasado, el presidente municipal de San Martín Texmelucan, Rafael Núñez Ramírez giró una serie de oficios a instancias federales y estatales, y a miembros del Senado y la Cámara de Diputados para pedir su intervención con la finalidad de frenar el avance de la delincuencia organizada en su región.

Sólo Manuel Bartlett, senador del Partido del Trabajo, del cual emana Rafael Núñez presentó un punto de acuerdo para que se revisara el caso de Texmelucan, pero el resto de las autoridades no dio respuesta, indicó el edil.

Pero, en los primeros cuatro meses de este año, al menos en cuatro ocasiones, cadáveres desmembrados y embolsados fueron depositados en las calles de San Martín Texmelucan con mensajes atribuibles al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Incluso, personal del Ejército se enfrentó con huachicoleros en la colonia La Purísima, por el decomiso de unidades que transportaban combustible robado.

Bajo el argumento de que era necesario frenar la escalada de inseguridad, el gobierno estatal el pasado 2 de mayo con el apoyo del Ejército y la Policía Federal tomó el control y mando de la Seguridad Pública en San Martín Texmelucan.

Después de publicar un decreto en el Periódico Oficial del Estado, que dieran sustento jurídico a sus acciones, Seguridad Pública Estatal sin notificar al edil, entró a la comandancia y desarmó tanto a mandos como a 185 policías municipales.

Los uniformados fueron trasladados a la capital para realizar los exámenes de control y confianza, y ahí detectaron que más de un centenar carecían de permisos para ser policías municipales, porque ni habían aprobado las pruebas, ni figuraban en el padrón del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Tras la detención de los uniformados acusados de usurpar funciones y de sus líderes que deberán responder por los delitos de abuso de autoridad y cohecho, el fiscal Víctor Carrancá Bourget no descartó que se investigara al edil de San Martín, lo que este día fue confirmado por el gobernador José Antonio Gali Fayad.

Tras las acciones del 2 de mayo, Miguel Ángel, comisario de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad; Sinué Jerónimo, director de Seguridad Pública; y Mauricio N. quien presuntamente fungía como chofer de los mandos quedaron vinculados a proceso por los delitos de abuso de autoridad y cohecho.

Además en el programa “En Punto” de la periodista Denise Maerker, esta semana se hicieron púbicos videos de vigilancia en los que se observa cómo fueron depositados restos humanos en el zócalo de San Martín Texmelucan, evidencia que presuntamente había sido ocultada por la autoridad municipal.

De acuerdo con la versión periodística, las autoridades estatales solicitaron los videos y la autoridad municipal se las negó, pero tras un cateo autorizado por un juez localizaron la evidencia.

Este viernes, personal de la Fiscalía General del Estado interrumpió el cabildo que se estaba llevando a cabo a puerta cerrada, para detener director de Gobernación, Marco Antonio Ávila Cruz, y a la responsable del Centro de Monitoreo de Seguridad Pública Municipal, Sandra López Olvera.

El edil tras semanas de silencio, ofreció una postura sin derecho a preguntas, en la que sostuvo que la actuación del estado fue tardía y de “dudosa legalidad”, porque nunca le notificaron de las acciones.

En respuesta, el gobernador confirmó que Rafael Núñez también está siendo investigado y agregó que las investigaciones por parte de la Fiscalía no sólo se llevan a cabo en Texmelucan, también en otras regiones del estado para garantizar la seguridad de los ciudadanos.

Adicional, la noche del viernes, Denise Maerker públicos vídeos que comprometen a policías municipales de Texmelucan por la desaparición y asesinato de tres jóvenes quienes presuntamente eran de la banda “Los Villegas”. El 19 de abril fueron detenidos por la colocación de una manta atribuible al Cartel Jalisco Nueva Generación y sus cuerpos horas más tarde aparecieron desmembrados en la vía pública.

La FGE les imputó a los policías el delito de usurpación de funciones, pero ya los investigación por la desaparición de los jóvenes y sus muertes.

clh

Con información de La Silla Rota.