Huauchinango, Pue.- Organizaciones y académicos advirtieron sobre una nueva oleada de reformas legales para despojar a los pueblos de su territorio y sus bienes naturales, militarizar al país, criminalizar a las comunidades en resistencia y llamaron a rechazar las leyes de Seguridad Interior, la General de Biodiversidad y la General de Aguas.

Miembros de la mesa de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la Clínica Interdisciplinaria de Derechos Humanos del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría S.J de la Universidad Iberoamericana de Puebla, consideraron que son parte de un modelo de desarrollo económico que atenta contra la vida, la integridad y la seguridad de las comunidades y pueblos.

Precisaron que la nueva Ley de Biodiversidad, abre la puerta para el comercio de la diversidad biológica del país, así como la destrucción de las áreas naturales protegidas, pues permite la instalación de empresas y proyectos extractivos en las regiones.

Mientras que la nueva Ley General de Aguas, legalizará el despojo y la depredación hídrica en el manejo de las cuencas y los acuíferos del país, y “con base en un discurso pretendidamente protector del derecho humano al agua, violará precisamente ese derecho y muchos otros, al promover la criminalización de las comunidades y organizaciones que hoy día defienden los ecosistemas hídricos o luchan por recuperarlos y  restaurarlos, al convertir a los defensores del agua en criminales: ‘violadores de derechos humanos’, si se oponen a los proyectos de fracking o de trasvase de agua en bloque entre cuencas”.

Por ello, advirtieron que para que estas leyes prosperen se pensó en otra que facilitara “la militarización del país, la criminalización de la protesta y, sobre todo, la impunidad para los crímenes de lesa humanidad que sobrevendrán a partir de su instrumentación”. Esa, dijeron es la función de la Ley de Seguridad Interior, que ha sido repudiada por cientos de organizaciones sociales y civiles del país, y por organismos internacionales como el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Aseguraron que en México y, particularmente, en poblaciones indígenas y campesinas de Puebla y Tlaxcala están padeciendo desde hace 30 años los estragos de leyes que protegen a las empresas trasnacionales, violentando a los pueblos con los megaproyectos. Incluso, refirieron, se ha reformado a la Constitución para adecuarla a los intereses de las empresas privadas y algunos grupos de poder político.

Las consecuencias que han tenido estos cambios son las violaciones a “los derechos de los pueblos y comunidades al territorio, a la autodeterminación y a un medio ambiente sano o a la salud, (y también) legalizan la privatización de las aguas, las tierras, los minerales, la biodiversidad, los bosques, la cultura, el patrimonio histórico, los saberes tradicionales, las infraestructuras (presas, carreteras, puertos, aeropuertos, plantas generadoras y el sistema de transmisión de energía eléctrica), así como los servicios públicos (desde el abasto y saneamiento del agua), la cultura y la recreación, pasando por la seguridad, la salud, la educación, el abasto de alimentos, los servicios asociados con la vivienda, hasta la recolección y manejo de los residuos”.

Sin embargo, tanto en territorio poblano como tlaxcalteca las comunidades luchan contra los las concesiones otorgadas a la industria energética trasnacional para la perforación de más de mil pozos de fracking en la Sierra Norte de Puebla, la instalación de ductos de gas y petróleo en los bosques mesófilos de montaña como el gasoducto Tuxpan-Tula y en el sur-poniente del estado de Puebla contra el gasoducto Morelos y en la Sierra Nororiental contra las concesiones mineras, las presas e instalaciones eléctricas, como en el caso de Cuetzalan.

Todos estos proyectos, indicaron, representan “el despojo de los remanentes de las condiciones esenciales de vida de las comunidades por medio de la Ley, sea porque se les entrega gratuitamente a los capitales para explotarlos y devastarlos, o porque se les autoriza que los depreden al emplearlos como vertederos de residuos tóxicos y peligrosos” y llamaron a organizaciones e individuos a unir sus luchas.

GJ