La escuela primaria Adolfo López Mateos, del municipio de Tehuacán, es referente nacional, pero no por su nivel educativo, sino por el desfalco de 106 mil 900 pesos reunidos por concepto de pagos de inscripción y que desaparecieron de las arcas del plantel educativo.

Para el diputado federal de Morena, Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, el caso de esta escuela poblana es un claro ejemplo de la malversación de fondos escolares y de la opacidad con que un gran número de planteles educativos de todo el país maneja las cuotas “voluntarias” que se piden a los padres de familia.

“Sólo en este año las autoridades educativas locales han recibido, en su conjunto, más de una centena de quejas contra escuelas que aluden a hechos de este tipo”, advirtió el legislador quien recordó que tanto el artículo 3o. Constitucional, como la Ley General de Educación, establecen la responsabilidad del Estado de garantizar el material necesario para el aprendizaje de los educandos.

Añadió que tan sólo para el próximo año, se tiene previsto destinar un presupuesto federal de 302 mil 986 millones 555 mil 681 pesos para el ramo de Educación, monto muy por encima del presupuesto destinado a Salud, segundo en la lista.

Pese a ello, dijo, en muchas escuelas exigen a los tutores y padres de familia cooperaciones o cuotas voluntarias, con el pretexto de que son para cubrir el pago de algunas necesidades del colegio.

El legislador aclaró que la solicitud de cuotas voluntarias no vulnera los valores y principios que deben orientar la política educativa del país. “Pero, desafortunadamente, el manejo de dichos recursos ha estado marcado por la opacidad y total ausencia de cualquier mecanismo de rendición de cuentas”, advirtió.

Por ello, el diputado Santiago Rodríguez presentó en la Cámara baja una iniciativa de reforma a la Ley General de Educación, que tiene como objetivo poner orden en ese renglón asentando en la ley que las donaciones o cuotas serán de carácter voluntario, y en ningún caso se entenderán como contraprestaciones del servicio educativo.

Además, las cuotas voluntarias deberán emanar en todo momento de acuerdos consensuados entre el personal docente y administrativo de cada plantel, padres de familia y educandos, bajo los lineamientos que dispongan las autoridades educativas.

Y las asociaciones correspondientes tendrían la obligación de informar oportunamente a toda la comunidad escolar sobre la aplicación de esos recursos.