La Comisión de Derechos Humanos de Puebla dio a conocer que de enero a julio del 2017, los municipios de Puebla, Tehuacán, San Pedro Cholula, Izúcar de Matamoros y Huauchinango, registraron el mayor número de quejas por  presuntas violaciones a las garantías individuales de las personas.

En un balance realizado por la institución, al concluir el primer semestre de este año reveló que en el ámbito municipal el número de reportes de autoridades señaladas como presuntamente responsables de la violación de derechos humanos fueron en un 13.47% Puebla; 10.24% Tehuacán; 9.43% San Pedro Cholula; 9.16% Izúcar de Matamoros; 7.81% Huauchinango y el 49.89% autoridades de otros municipios.

Los derechos humanos vulnerados por estas autoridades municipales fueron el 37.77% seguridad jurídica; 22.76% integridad y seguridad personal; 16.22% legalidad; 7.74% trato digno; 7.74% petición y el 7.74% otros.

En el periodo que se informó por la institución se dio a conocer que recibió 3 mil 525 solicitudes de intervención por presuntas violaciones a los derechos humanos en el estado de Puebla; las cuales 722 fueron calificadas legalmente como quejas; 2 mil 368 como orientaciones jurídicas; 197 diligencias oficiosas; 63 antecedentes; 37 incompetencias; 82 remisiones; 7 colaboraciones y 49 solicitudes en trámite.

Señaló que de las 722 quejas, el 69.11 por ciento las personas agraviadas fueron hombres, mientras que en el 23.82 % se trató de mujeres; en el 7.07 % de los casos se registró concurrencia de ambos sexos como personas agraviadas.

Se reveló que de las quejas atendidas el 55.54 % correspondieron al ámbito estatal, mientras que el 42.38 % fueron del municipal y el 2.08 % de las quejas se registró concurrencia de ambos ámbitos como autoridades presuntamente responsables.

Las autoridades estatales señaladas como presuntamente responsables de la violación a los Derechos Humanos fueron en un 28.75% Fiscalía General del Estado; en un 11.32% Secretaría de Educación Pública; el 9.15% CERESO (Tepexi de Rodríguez); 5.22% ISSSTEP; 4.13% Defensoría Pública y el 41.39% Otras autoridades estatales.

Los derechos humanos presuntamente vulnerados por estas autoridades durante este periodo fueron el 46.23% seguridad jurídica; 14.68% integridad y seguridad personal; 8.92% trato digno; 8.13% educación; 6.54% protección a la salud y el 15.47% otros.