Lo anterior fue dado a conocer por el alcalde Víctor Vargas García, quien explicó que tras abrir una mesa de diálogo, TransCanada, a través de su contratista Bonatti, aceptó reparar el camino de cuatro kilómetros, pero no con concreto hidráulico como demandaron los pobladores inconformes, sino con un material de recubrimiento de menor costo.

 

Arreglar el camino como pretende la comunidad costaría 28 millones de pesos, detalló, y la empresa aceptó rehabilitar la carretera, con cunetas, pero a un costo de 7 millones de pesos, o bien que los habitantes de El Coyolito decidan en qué invertir esa cantidad de dinero.

 

Los habitantes del poblado ubicado en la zona limítrofe del norte de Puebla con Veracruz, quedaron de resolver si aceptan la oferta de TransCanada el próximo lunes, mientras tanto la colocación de la tubería que traerá gas natural desde el sur de Texas para la Comisión Federal de Electricidad (CFE), sigue detenida, indicó Vargas García.

 

Para sustentar sus demandas, los inconformes manifestaron que es la empresa italiana Bonatti –contratada por TransCanada y que también estuvo a cargo del gasoducto Morelos- la que ha provocado graves daños a los caminos.

 

El alcalde de Francisco Z. Mena, reiteró que son mínimas las afectaciones que causará en este municipio la instalación del gasoducto Tuxpan-Tula pues ha disminuido la cantidad de metros lineales que atravesará. Serán sólo 657 metros, los afectados, precisó. 

 

La tubería cruzará por terrenos de Venustiano Carranza, Pantepec, Jalpan, Tlaxco, Tlacuilotepec, Pahuatlán y Honey, siendo en los últimos cuatro municipios mencionados, donde ha habido expresiones de rechazo y resistencia a su colocación.

 

El presidente municipal reiteró que desconoce si se producirán daños a otros bienes naturales distintos a la tierra, como los acuíferos y si la empresa ya le había presentado las medidas de seguridad de la tubería que medirá 264 kilómetros porque se trata de una “obra federal”.

 

Vargas García precisó que el ayuntamiento a su cargo ha emitido los permisos de construcción y las licencias de cambio de uso de suelo, por las que la empresa canadiense pagó poco más de 650 mil pesos.