Huauchinango, Pue.- “Ahora ya sólo nos queda encomendarnos a Dios y pedir que no llueva igual”, dice Rolando Martínez Romero, soldador damnificado por la tormenta Earl en la colonia Piedras Pintadas de Huauchinango, luego de que funcionarios públicos de los tres niveles de gobierno le negaron el acceso al censo que le permitiría aspirar a ser beneficiario del programa de reubicación o rehabilitación de su vivienda.

Rolando vive con su esposa y sus dos hijas menores de edad en una casa que, aunque intacta, quedó a unos cuantos centímetros de un voladero en el fraccionamiento ubicado en el sureste de la cabecera municipal y por ello lo obligaron a desalojarla: todos fueron a parar al albergue, aunque separados; pero desde hace unos días tuvieron que regresar a su vivienda a enfrentar la realidad de no ser “oficialmente afectado”.

Como la ladera se deslavó la misma noche de la tragedia que dejó decenas de muertos, cuenta, él y su familia salieron y pudieron auxiliar a otros vecinos en la misma situación. Al día siguiente se fueron a los albergues y escuchó como, primero el gobernador Rafael Moreno Valle y, después, el presidente Enrique Peña Nieto se comprometieron a apoyar a “todas, todas las víctimas” y eso le hizo tener confianza.

Se anotó al programa de empleo temporal y después les informaron que sería la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) la que se encargaría del programa de vivienda y que pasarían a sus domicilios a checar las áreas afectadas.

Ocho días después llegaron a la colonia Piedras Pintadas. En el lugar que vive Rolando hay sólo siete casas más, cerca de un río. Abajo hay una zona arbolada. Ellos viven sobre la loma. La calle está marcada, pero no está pavimentada.

Pero antes de que llegara Sedatu, un malencarado funcionario de alguna dependencia federal o estatal que portaba chaleco verde fosforescente y que no se identificó con ellos, les exigió que salieran de su casa, porque hay riesgo de derrumbe. “Lo hizo de mala manera, nos gritó que debíamos salir. Le preguntamos a dónde nos teníamos que ir. Nos contestó que ese era problema de nosotros. ‘¿Porque qué yo los mandé a que se viniera a vivir en zona de riesgo?’”, les cuestionó.

Al reclamarle por su actitud, el empleado federal o del estado se dio la vuelta y se fue.  Él iba acompañado de algunos trabajadores del ayuntamiento de Huauchinango, “pero ellos no hicieron ningún comentario”.

Le preguntaron si iban a recibir algún apoyo ante el desalojo. El hombre les contestó que no, que ellos no alcanzaban ningún apoyo porque sus casas no se cayeron. Entonces un vecino le preguntó si era necesario que vieran que la casa se les caía para apoyarlos.

Luego les notificaron la orden de evacuación y llegaron unos autobuses a sacarlos hacia el albergue del Recinto Ferial,  aunque les pidieron que un integrante de cada familia se quedara para el censo. Pero no todos fueron inscritos. Personal de la Sedatu determinó que sólo una de las viviendas era apta para entrar al programa de apoyos.

Cuando les cuestionaron qué iba a pasar con el resto de las familias damnificadas o cómo les iban a ayudar para remediar el deslave, les contestaron que tenían instrucciones de sólo anotar viviendas de pérdida total o al borde de caerse. “Le enseñamos que ya estamos a la orilla del bordo. Al filo del derrumbe. Nos contestaron que no podían hacer nada”.

Le preguntaron con quiénes dirigirse para buscar ayuda, les indicaron que será el municipio el que se encargará de atender esos daños. Quizá hacer un muro de contención. Por eso fueron a Infraestructura Municipal y ahí les dijeron que los recursos para ayudarlos los está manejando la Sedatu.  Les explicaron que esa dependencia les decía que es el ayuntamiento es el que debe hacerse cargo de ellos. 

“Nosotros nos preguntamos qué vamos a hacer: nos dicen que salgamos de nuestras casas, que estemos en un albergue, que no podemos regresar. Pero entonces ni siquiera sabemos con quién dirigirnos para saber de qué manera nos pueden apoyar. No nos dan ninguna opción. Hasta la fecha seguimos en las mismas”, explicó.

Algunos ya no están en los albergues, ya regresaron a su casa. No quieren dejar lo que lograron con el esfuerzo de toda su vida. Tendrían que empezar de cero y muchos de ellos no ganan ni 600 pesos a la semana. Dicen que es difícil.

“Lo que nos queda es encomendarnos a Dios y que el deslave no sea mayor. Que no debilite nuestra casa. Que las cosas salgan bien y que no vuelva a llover de la manera que pasó el día de la tragedia. Cada que llueve, salgo a ver la cuarteadura, hasta ahora no ha pasado a más”, dice Rolando.