• San Andrés Cholula

Policías de Puebla, de los peor pagados del país, denuncian en foro

Según el Sistema Nacional de Seguridad Pública, el promedio nacional de sueldo menor de policías estatales es de 9 mil 250 pesos, en Puebla es de 8 mil 52 pesos.

San Andrés Cholula, Pue.- Los policías de Puebla son los peor pagados del país y de los menos capacitados, acusó el presidente de la asociación civil Ciudadanos Uniformados, Iván Emanuel Chávez Espejel, quien participó en el Foro "Hacia el reconocimiento constitucional de los derechos laborales de las y los policías, peritos y ministerios públicos en México", que se realizó en San Andrés Cholula.

Agregó que en Puebla la situación es muy precaria para los policías, por lo que urge atender su situación laboral y legal.

Destacó que a los uniformados tampoco se les permite participar en foros de defensa de sus derechos porque coincidentemente son reprobados en las pruebas de Control y Confianza.

Según datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el promedio nacional de sueldo menor de policías estatales es de 9 mil 250 pesos. En Puebla es de 8 mil 52 pesos y en municipios como Teziutlán o Tehuacán, apenas rebasa los 4 mil pesos mensuales. El estado que más paga a sus policías es Aguascalientes, quienes perciben 18 mil 173 pesos mensuales y Baja California, donde ganan 17 mil 636 pesos al mes.

A todo lo anterior, Chávez Espejel sumó que la entidad es de las pocas en el país que carece de un Tribunal de lo Contencioso Administrativo, de modo que cuando un elemento del orden tiene algún problema legal debe recurrir directamente a los tribunales federales, ya que no cuenta el derecho de la primera instancia.

Además, no existen abogados litigantes especializados en Derecho Policial Administrativo, de modo que en la mayoría de las ocasiones los casos se dan por perdidos.

Al escenario local se agregan las condiciones en las que los policías establecen su relación con el gobierno como parte patronal en todo el país, en la cual no se configura una relación laboral, sino meramente administrativa, debido a esta condición no les son reconocidos por completo sus derechos a prestaciones o seguridad sociales.

Chávez Espejel, ex policía estatal del Estado de México, explicó que cuando algún uniformado es llevado a juicio, pero se determina su inocencia y que fue despedido de manera injustificada no tiene el derecho a la reinstalación, lo cual resulta una violación a sus derechos.

Además, las pruebas de Control y Confianza que aplica la federación se han constituido como un mecanismo de revancha política, ya que han servido, dijo, para dar de baja a policías que resultan incómodos o luchan por sus derechos.

Narró que las pruebas resultan intimidatorias y en ocasiones con que el poligrafista asegure que el elemento reconoció tener un vecino dedicado a actividades ilegales o que en alguna ocasión consumió estupefacientes, sin ser cierto, hace prueba plena en los juzgados y son dados de baja.

Con la entrada en vigor del nuevo Sistema Penal Acusatorio, consideró, se abre una nueva puerta para que los policías sean objeto de castigo; al convertirse en los primeros respondientes, es decir los encargados de custodiar las pruebas y documentar la detención, a la vez se convierten en el punto más delgado para que se caigan los casos y en consecuencia los policías sean responsabilizados.

Finalmente, el especialista en temas policiales dijo que a los uniformados se les coarta su derecho ciudadano al voto cuando el día de los comicios se les impide sufragar a causa del acuartelamiento que se instruye para todos los agentes.

En tanto, Fernando Velasco Reyes, secretario general del Consorcio Internacional de Consultores Especialistas en Estudios de Prevención del Delito y Seguridad Pública, refirió que los policías que buscan defender sus derechos son intimidados de forma velada, por lo cual, pocos se atreven a buscarlos.

Explicó que algunos de los puntos de la lucha que se ha emprendido a nivel nacional son que se establezcan jornadas laborales de ocho horas, desaparezcan las jornadas de 24 por 24, pago de horas extra y dignificación de la labor policial.

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